Ante el problema de la impunidad y la incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público, ¿es una buena alternativa la solución que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una limpieza social?

pregunta[1] que está planteada en el título de este ensayo y que debo responder, requiere para ser contestada, que sea aceptado el supuesto del que parte: que en Colombia hay un problema de impunidad y una incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público. Pero vale la pena preguntarnos: en la actualidad en la que se presenta como alternativa la solución que proponen[2] los grupos de autodefensas[3] quienes pretenden llevar a cabo una limpieza social”, ¿existe un “problema de impunidad” y una “incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público”?

Si la respuesta fuera afirmativa, ¿puede considerarse como “buena alternativa la solución  que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social”?. Más que “buena”, ¿esta concepción [“alternativa” / “solución”] es constitucionalmente —y por lo tanto, legalmente— válida?

Por otro lado, esta cuestión no está planteada de manera que sea un Problema Jurídico sino moral en tanto que evalúa con juicios de valor como “buena” o mala la “solución violenta que presentan los grupos […] que pretenden llevar a cabo la limpieza social”. Juicios de valor que son subjetivos, en consecuencia limitan el debate[4] a convencer al auditorio no por medio de argumentos basados en la razón sino a través de las emociones y de las propias concepciones de cada quien. Como no es un Problema Jurídico, no es apropiado que se debata alrededor de él en una clase de Derecho como Lógica y Retórica en la que es regla que en todas las evaluaciones los estudiantes proporcionen argumentos jurídicos basados en el ordenamiento jurídico colombiano (válgase la redundancia).

 

¿Existe un “problema de impunidad” y una “incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público”?

La palabra “Gobierno” en nuestro contexto nacional, indistintamente de su significado, general y erróneamente, se utiliza para referirse a la “Rama Ejecutiva”, al “Presidente”, a los Alcaldes, a los Gobernadores y al “Estado”. Por otro lado, “Estado” —según el Tratado de la Convención de Montevideo de 1933— es “un conjunto de atributos jurídicos”[5] como “A) una población permanente; B) un territorio definido; C) un gobierno; y D) la capacidad de entrar en relaciones con los otros estados”[6]. Mientras que Gobierno tiene un significado y Estado otro, en el supuesto del que parte el título de este ensayo, no se puede utilizar la palabra “Gobierno” para referirse al Estado, que en el supuesto de la pregunta, sería el que realmente padece el “problema de la impunidad” y no puede solucionar los “problemas de orden público”. El Estado es el que —en la situación de la que parte el título de este trabajo— no puede garantizar los “principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y no puede “mantener la integridad territorial ni[7] asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, entonces, en el planteamiento de la cuestión, se estaría considerando a Colombia —desde la teoría de diversos estudiosos contemporáneos como Robert I. Rotberg— como un “Estado Fallido o Fracasado”, que en términos lacónicos es “un Estado que tiene grandes dificultades para [o que no puede] mantener el monopolio de la fuerza y garantizar la eficacia de su sistema jurídico”[8], considerando al Estado Colombiano como incapaz de cumplir con los fines esenciales consagrados en el Artículo 2 de la Constitución[9] Política de 1991, porque hay impunidad, porque no hay garantía de los “principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; y porque [el Estado] no puede solucionar los problemas de orden público ya que no mantiene la “integridad territorial ni[10] asegura la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

El contexto político de la República ha estado, desde finales de los 60’s hasta la actualidad, enmarcado en la violencia proveniente de diferentes actores —quienes en palabras de Tilly—buscan el “control del territorio” y el “monopolio de la fuerza”[11]: el Estado[12], los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y los cárteles del narcotráfico. Este contexto político parece hoy estar más debilitado desde la llegada del Presidente Álvaro Uribe Vélez al poder en 2003, impulsando la “Política de Seguridad Democrática”, que ha dado gran importancia a la Seguridad como “requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos”[13] y que ha logrado, en virtud de la Ley 975 de 2005 [o Ley de Justicia y Paz], desmovilizar miembros de las FARC, de las AUC, del ELN y de otros grupos “al margen de la ley”. Al lograr esto, el Estado Colombiano, ha ido disminuyendo las filas de estos grupos lo que ha permitido que el conflicto armado se reduzca considerablemente, permitiendo que el Estado logre mantener casi toda la “integridad territorial” y logre cada vez más la garantía de los “principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.

La Política de Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz, sumadas al combate militar encarado contra los “grupos al margen de la ley”, han logrado disminuir la violencia y reducir la amenaza que estos grupos constituyen para la unidad del Estado Colombiano. Pero por otro lado, éste combate frontal contra estos “actores armados paraestatales” ha generado, luego de la desmovilización de varios de sus miembros y su incorporación a la vida civil, otros grupos armados conformados casi en su totalidad por los “ex integrantes” de estos grupos “al margen de la ley”, tal y como lo confirma el Informe No. 1 de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)[14] de Agosto de 2007.

Es evidente que Colombia ha tenido gran avance en la Ley de Justicia y Paz; y que los “derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública”, tal y como lo confirmó recientemente la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en su informe anual[15]. Por la disminución del conflicto armado, la reparación de sus víctimas[16] y la garantía de los Derechos Humanos por nuestro Estado ese contexto de completa impunidad e incompetencia del Estado para solucionar los problemas de orden público —que supone la pregunta del título— no hace parte del tiempo presente del Estado y por lo tanto no se puede utilizar para responder la pregunta formulada en el título de éste trabajo por estar esta formulada para responderse en un momento actual en el que han aparecido nuevos grupos armados que presentan como “alternativa la solución […] de[17] llevar a cabo una  limpieza social”. Ahora bien, para poder responder la pregunta del título, cabe plantear otro contexto muy diferente a que en Colombia hay un problema de impunidad y una incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público.

 

¿Puede considerarse como “buena alternativa la solución que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social”?

Más arriba probé que el Estado Colombiano no es un Estado para el que se pueda decir que hay un contexto de completa impunidad e incompetencia para solucionar los problemas de orden público —como expresa la pregunta de la que parte este ensayo— porque se han logrado mejoras en cuanto a la garantía de los derechos humanos y en cuanto a la seguridad [orden público], mejoras que han sido reconocidas por la misma Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en su informe anual.

A pesar de haber probado esto, voy a plantear la situación en la que el Estado Colombiano es un Estado incapaz de garantizar la justicia [hay impunidad] y es un Estado incapaz de combatir los problemas de Orden Público, por lo que se forman grupos de “autodefensas” o “paramilitares” que “pretenden llevar a cabo la limpieza social”, asumiendo por sí mismos la Justicia y las funciones que hoy le conferimos a la Fuerza Pública [especialmente a la Policía]. Asumamos esto.

Los Panfletos entregados por estos grupos —que “pretenden llevar a cabo la limpieza social”—anuncian que el regreso de la “limpieza social” es contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, delincuentes y homosexuales —y ocasionalmente contra toda la comunidad en general porque sus comunicados afirman “Le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes” y porque obligan al toque de queda después de las 10 p.m—.

Voy a intentar aproximarme a una valoración jurídica de esta “solución que presentan [estos grupos]” para no incurrir en valoraciones morales o subjetivas y para poder lograr esto, prefiero dejar atrás el término “buena” por “constitucionalmente” / “legalmente” válido en tanto que estos valoran la limpieza social y el accionar de estos grupos no desde el punto de vista de la moral[18] sino desde el punto de vista de la adaptación de este accionar en la legalidad del ordenamiento colombiano.

Las Bacrim (bandas criminales emergentes) con la “alternativa” de “llevar a cabo una limpieza social”, están rompiendo con todo el marco de legalidad colombiano en tanto que violan la Constitución y la Ley Penal, y además, los tratados y estatutos internacionales ratificados por Colombia sobre Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma.

La “Limpieza Social” que adelantan estos grupos en diferentes barrios de Bogotá y de otras ciudades de Colombia son una clara violación del Derecho Fundamental a la Vida consagrado en el Artículo 11 de la Constitución[19] y en el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[20] porque constituyen la interrupción de la vida y son una especie de penas de muerte o una “justicia ejemplarizante”[21] porque con la “limpieza” de la sociedad, las Bacrim pretenden instalar un modelo social [ejemplo] libre de individuos como “Ladrones, viciosos, violadores, jíbaros y prostitutas”[22].

Quepa recordar que estos grupos no tienen la legitimidad ni la soberanía para imponer sus reglas a la comunidad y mucho menos, su “Justicia” basada en la “limpieza social” porque no han sido elegidas por voto popular por el poder constituyente [pueblo] ni han obtenido el poder del Estado por medio de las armas. Ni siquiera si tuvieran la legitimidad o la soberanía, podrían imponer la “limpieza Social”, porque de ser así, ya no estarían incurriendo en “Terrorismo”, sino en “Terrorismo de Estado” violando los tratados y estatutos internacionales ratificados por Colombia sobre Derechos Humanos y pudiendo ser llevados a la Corte Penal Internacional por Crímenes de lesa humanidad[23].

 

FUENTES CONSULTADAS

 CITYTV.COM. AUC distribuyen panfletos en los que indican acciones de ‘Limpieza social’. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.citytv.com.co/videos/2998/auc-distribuyen-panfletos-en-los-que-indican-acciones-de-limpieza-social&gt;.

COLOMBIA. CNRR. Informe No. 1. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.cnrr.org.co/new09/anexo/pdf/informe_1_DDR_Cnrr.pdf&gt;

COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política de Seguridad Democrática. [Documento PDF en línea]. (2003). [Consultado el martes 28 de Abril de 2009]. Disponible en <www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf>

COLOMBIA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Aspectos Positivos. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.derechoshumanos.gov.co/comunicados/2009/documentos/090306b-aspectospositivos.pdf&gt;

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Entrevista del General Naranjo para Semana.com. “Las amenazas de los panfletos son realizadas por diferentes autores”. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.semana.com/multimedia-seguridad/amenazas-panfletos-realizadas-diferentes-autores/1737.aspx&gt;

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

ROTBERG, Robert, CLAPHAM, Chistopher, HERBST, Jeffrey y Estudio preliminar de MONCADA ROA, Patricia. Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007.

SOUSA SANTOS, Boaventura de y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2001. Tomo 2.

TILLY, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. En : P. Evans; RUESCHEMEYER, Dietrich y SKOCPOL, Theda (eds.). Bringing the State Back In. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.


[1] Para hablar acerca de la pregunta (Ante el problema de la impunidad y la incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público, ¿es una buena alternativa la solución  que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social?), utilizaré los términos “cuestión”, “pregunta”, “problema” y “título”.

[2] La negrita es mía.

[3] Para referirme a los grupos de “autodefensas” que han repartido panfletos que amenazan con “llevar a cabo una limpieza social” prefiero utilizar un término muy usado por la Fuerza Pública: Las Bacrim (bandas criminales emergentes) para evitar referirme a uno solo porque pueden ser varios grupos los que desempeñan esta actividad tal y como dijo el General Oscar Naranjo en una entrevista para la revista Semana del 03/18/2009: “Las amenazas de los panfletos son realizadas por diferentes autores”. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.semana.com/multimedia-seguridad/amenazas-panfletos-realizadas-diferentes-autores/1737.aspx&gt;

[4] Me estoy refiriendo al debate de la clase entre el Grupo 5 y el Grupo 6 alrededor de la pregunta (Ante el problema de la impunidad y la incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público, ¿es una buena alternativa la solución  que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social?).

[5] ROTBERG, Robert, CLAPHAM, Chistopher, HERBST, Jeffrey y Estudio preliminar de MONCADA ROA, Patricia. Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 54.

[6] Tratado de la Convención de Montevideo de 1933. Artículo 1.

[7] La negrita es mía.

[8] ROTBERG, Robert, CLAPHAM, Chistopher, HERBST, Jeffrey y Estudio preliminar de MONCADA ROA, Patricia. Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 15.

[9] ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

[10] La negrita es mía.

[11] TILLY, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. En : P. Evans; RUESCHEMEYER, Dietrich y SKOCPOL, Theda (eds.). Bringing the State Back In. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

[12] Incluyo al Estado en esta enumeración porque el Estado —en palabras de Tilly— al combatir con los grupos al margen de la ley, está tratando de ejercer un ejercicio de dominación que le dé el “monopolio de la fuerza” (o de la violencia) para que sea así, legítimo y soberano.

[13] COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política de Seguridad Democrática. [Documento PDF en línea]. (2003). [Consultado el martes 28 de Abril de 2009]. Disponible en <www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf>

[14] COLOMBIA. CNRR. Informe No. 1. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.cnrr.org.co/new09/anexo/pdf/informe_1_DDR_Cnrr.pdf&gt;

[15] COLOMBIA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Aspectos Positivos. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.derechoshumanos.gov.co/comunicados/2009/documentos/090306b-aspectospositivos.pdf&gt;

[16] Decreto 1290 de abril de 2008.

[17] La negrita es mía.

[18] Si lo analizáramos con la moral cristiana, es claramente reprobable en tanto que viola el quinto mandamiento.

[19] Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

[20] Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[21] SOUSA SANTOS, Boaventura de y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2001. Tomo 2.

[22] Tomado de CITYTV.COM. AUC distribuyen panfletos en los que indican acciones de ‘Limpieza social’. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.citytv.com.co/videos/2998/auc-distribuyen-panfletos-en-los-que-indican-acciones-de-limpieza-social&gt;.

[23] Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad.1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c)Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

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