Justicia Transicional en el País de las Maravillas

En el país de las Maravillas, tras diez años de conflicto, las élites gubernamentales deciden promover un proceso de justicia transicional que, teniendo en cuenta la postura de las víctimas, respete las exigencias de la justicia distributiva y correctiva. Durante el proceso encuentran que las víctimas, lejos de pertenecer a una única clase social, forman parte tanto de sectores pobres como ricos. Las élites gubernamentales se dan cuenta que en el ‘desorganizado’ (Uprimny, Guzmán) contexto del país de las Maravillas, las propuestas de desarrollo y de reparaciones económicas pueden llegar a ser injustas.

Suponga que usted es contratado por el Gobierno de Maravillas como consultor y que debe trazar los lineamientos de las estrategias a seguir. Teniendo en cuenta los conceptos: a) Reparación Integral, b) Justicia Imperfecta, c) Distribución Integral, d) Reparación transformadora y e) Justicia transicional desde abajo. ¿Qué recomendaciones daría? En su respuesta debe primero definir rigurosa y exhaustivamente los conceptos señalados[1].

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En un contexto como el de el País de las Maravillas, que ha sido apocado por el conflicto que ha vivido en los últimos 10 años y que ahora está pasando por un proceso para llegar a la paz y volver a ser la maravilla de antes, es necesario llevar a cabo un proceso de justicia transicional desde un estado de conflicto a uno que permita la llegada de la anhelada paz, pero sin incurrir en injusticias como la impunidad para los victimarios y el olvido de las golpeadas víctimas.

Para lograr esto, es necesario que dentro el proceso de justicia transicional se promuevan políticas para la a) Reparación Integral de las víctimas. Este principio implica que “todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos deben recibir una reparación plena, o al menos, proporcional a la gravedad de la violación y el daño sufrido por la víctima (…) que significa que el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles para borrar los efectos del crimen y deshacer el daño causado, con el fin de restituir a la víctima a la situación en la que se encontraba antes del crimen”[2].

Como a menudo las violaciones a los derechos son masivas a un gran número de víctimas y se dan estas [las violaciones de los DDHH] en contextos de “profundas desigualdades sociales y económicas y una pobreza extrema muy extendida”[3] la reparación integral de las víctimas presenta conflictos en su puesta en marcha en cuanto a los modelos de justica correctiva y justicia distributiva[4], por cuanto existen tensiones entre el deber del Estado de resarcir los daños ocasionados injustamente contra una víctima considerada individualmente (justicia correctiva) y el deber del Estado de llevar a cabo políticas sociales que permitan la distribución equitativa de la riqueza entre todos los miembros de la sociedad (justicia distributiva).

Tensiones que son más perceptibles si se tienen en cuenta que el contexto de conflicto del cual se está saliendo y que cuenta con recursos limitados no se pueden llevar a cabo en muchos casos políticas para resarcir a las víctimas por daños que en algunos casos son irreparables (v. gr. Desapariciones, muertes) y políticas sociales para toda la sociedad, indiferentemente de si los beneficiarios son víctimas o no. Como en contextos transicionales es imposible lograr castigar a todos los victimarios y resarcir a todas las víctimas, Pablo de Greiff acuñó la expresión b) “Justicia Imperfecta”. Por lo tanto, si se hace justicia con unos, se deja de cubrir las necesidades de otros, y si se cubren las necesidades de todos, se olvida que las víctimas fueron víctimas y que por ello tienen derechos a que se les repare.

Este dilema que se presenta entre la justicia correctiva y la justica distributiva en contextos de justicia transicional, se ven expresados también en la tensión entre el deber de Reparación por parte del Estado con las víctimas y el deber constitucional y legal del Estado de asegurar condiciones en los cuales haya una c) Distribución Integral de los derechos fundamentales y de la riqueza entre todos los ciudadanos más pobres para asegurarles unas condiciones mínimas para vivir dignamente, todo esto por medio de la promoción e implementación de Políticas Sociales.

Para solucionar estas tensiones entre la Justicia Correctiva (Reparación Integral) y la Justicia Distributiva (Políticas Sociales) en contextos transicionales, como el de Maravillas, Uprimny y Guzmán han propuesto el concepto de d) Reparación Transformadora[5], cuyo propósito no es el de restituir una víctima en la extrema pobreza gracias al conflicto a su situación anterior de precariedad material y desigualdad, sino en “transformar” esas circunstancias de desventaja que pudieron ser causa de su vulnerabilidad y presente victimización. Para aliviar estas situaciones que parecen incompatibles, es preciso que los Estados lleven a cabo sus deberes de reparación con las víctimas, pero este deber, ponderado, no debe contradecir los principios de la justicia distributiva y por tanto enfrentar las desigualdades estructurales dentro de los planes de desarrollo del Estado.

La mayoría de las veces, la justicia transicional se lleva a cabo desde arriba, desde los núcleos de poder Estatal bajo los lineamientos Internacionales y la Constitución y siguiendo una estructura vertical de arriba abajo. Sin embargo, este enfoque dominante ha ido dando paso a la e) Justicia transicional desde abajo, según la cual, bajo el principio democrático y participativo, son los mismos destinatarios, las víctimas quienes toman posición en la creación y ejecución de los mecanismos de justicia transicional, permitiendo la inclusión de quienes una vez estuvieron excluidos, permitiendo la incorporación de las experiencias particulares de las víctimas a la buena ejecución de los mecanismos transicionales y descentralizando la toma de decisiones a los directamente beneficiados.

Con todo lo anterior, en un País como el de las Maravillas, con un reciente conflicto, se le aconseja llevar a cabo una agenda para implementar en el actual proceso de transición para la paz:

1) Que el Estado, a través del Gobierno, lleve a cabo políticas de justicia transicional; 2) Estas políticas de justicia transicional, más que estar enfocadas en la reparación integral de las víctimas del conflicto, tiene que tener en cuenta la falta de recursos con los que se cuenta y que son necesarios para llevar a cabo políticas sociales y fortalecer las instituciones debilitadas; 3) Los programas de reparación que se lleven a cabo tienen que verse realizados no en reparaciones individuales, sino que deberán confundirse con las políticas sociales destinadas a las poblaciones victimizadas; 4) Teniendo en cuenta la falta de recursos para reintegrar a todas las víctimas de manera individual, estás deberán llevarse a cabo por medio de mecanismos simbólicos y por medio de la búsqueda de la verdad y del juzgamiento de los victimarios.


[1] Caso #3 Unificado de T. C. de la Justicia.

[2] UPRIMNY YEPES, Rodrigo y GUZMÁN RODRÍGUEZ, Diana Esther. “Un concepto transformador y participativo para las reparaciones” EN: International Law Review: Revista Colombiana de Derecho Internacional. Julio – Diciembre 2010, Edición Especial Justicia Transicional. Pontificia Universidad Javeriama, 2010. Pág. 239.

[3] Uprimny. Op. Cit. Pág. 239.

[4] Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libro V. y Uprimny  ibídem 236.

[5] Uprimny. Op. Cit. Pág. 252.

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