Caso: “Eso no pasa nada, eso es como andar en Góndola”

O un mejor título: “El caso de los Científicos de la Comisión de Grandes Riesgos y el Terremoto de L’Aquila[1].

  • Meses atrás, en la Región de L’Aquila se venían registrando temblores en la zona. Cada vez que la tierra empezaba a temblar, los habitantes salían corriendo de las casas y se refugiaban en la plaza más cercana. Pasaban la noche al relente o en el interior de los coches, una noche tras otra, hasta que la tierra se calmaba.
  • El 31 de Marzo, la Comisión de Grandes Riesgos, conformada por siete científicos —expertos en seísmos— acudió a L’Aquila desde Roma y después de 45 minutos de reunión, dictaminó que no existía peligro (alarma) en concreto ya que el que la tierra se moviera era algo favorable ya que significa que “el terremoto está perdiendo energía”
  • En la madrugada del 6 de abril, los vecinos les hicieron caso a la Comisión y aguantaron las primeras sacudidas del 6 de abril sin moverse de casa, cambiando su costumbre de meses anteriores. Pero el sismo de las 3.32 fue demasiado fuerte, resultando en el derrumbe de más de 20.000 edificios, dejando sin casa a 65.000 personas y sin vida a 309.
  • El Tribunal de L’Aquila, considerando que los condenados hicieron una evaluación del peligro “genérica e ineficaz” y que las informaciones que los expertos suministraron a los vecinos fueron “inexactas, incompletas y contradictorias”, pero que generaron en los vecinos la confianza de que no había alarma por lo que dejaron de tomar sus habituales medidas preventivas, dictó sentencia condenando a los siete expertos –el entonces presidente de la Comisión de Grandes Riesgos, Franco Barberi, el subdirector técnico de Protección Civil, Bernardo de Bernardinis, el presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Enzo Boschi, el director del Centro Nacional de Terremotos, Giulio Selvaggi, el director del Centro Europeo para la Formación y la Investigación de la Ingeniería Sísmica (Eucentre), Gian Michele Calvi, el profesor de Física de la Universidad de Génova Claudio Eva, y el director de la Oficina de Riesgo Sísmico de Protección Civil, Mauro Dolce– a la pena de seis (6) años de cárcel, imposibilidad de volver a ocupar un puesto público, una compensación a las víctimas de 7,8 millones de euros y las costas, que ascienden a 100.000 euros, por el delito de homicidio múltiple
  1.  ¿Estaban los científicos de la Comisión de Grandes Riesgos en el deber de prevenir la ocurrencia de algún terremoto?
  2. ¿Se configura la omisión impropia en la conducta de los científicos?
  3. ¿El dictamen dado por la Comisión creó un riesgo jurídicamente desaprobado?
  4. ¿Dicho dictamen fue determinante en el resultado de que los vecinos de L’Aquila dejaran de tomar las medidas previsivas que venían realizando ante los temblores de los meses anteriores?
  5. ¿Existió comisión por omisión?
  6. ¿Son imputables los miembros de la Comisión de Grandes Riesgos por las comunicaciones “inexactas, incompletas y contradictorias” de los riesgos de un terremoto en L’Aquila?
  7. ¿Un evento tan imprevisible como un terremoto sigue siendo imprevisible cuando los científicos descartaron toda posibilidad de su ocurrencia al decir que los temblores que se venían presentando significaban que “el terremoto está perdiendo energía” ?
  8. ¿La conducta de incurrir en una negligencia en su comunicación por parte de los expertos de la Comisión fue realizada con culpa con representación?

La Comisión, llevó a cabo acciones de comunicación consistentes en el hecho de que sus informes y declaraciones públicas acerca del riesgo existente de que pudiera desencadenarse en un plazo corto un terremoto de gran intensidad en L’Aquila fueron de baja calidad, triviales, insuficientes, y contradictorios; y que no emplearon la lex artis ni el arsenal de conocimientos científicos disponibles.

La Comisión de Grandes Riesgos incumplió las funciones que le fueron asignadas por el Estado cuando llevó a cabo de forma inadecuada sus funciones de evaluación de riesgos y de información a la ciudadanía. Los miembros no proporcionaron datos ni estudios escritos, solo concedieron entrevistas a la prensa, pero en ningún caso revelaron alguna información específica de ningún tipo de investigación ni estudio técnico.

Su conducta negligente representó, en un primer nivel del análisis de imputación objetiva, la elevación de un riesgo no permitido relevante para el bien jurídico[2] ya que aumentó la probabilidad de que los resultados antijurídicos de las muertes y las lesiones de las víctimas tuviesen lugar al aumentar infundadamente su confianza[3] al afirmar que el que la tierra se moviera era algo favorable ya que significa que “el terremoto está perdiendo energía”. De los miembros de la comisión, como funcionarios públicos se tenía una expectativa de comportamiento diligente (deber de actuación[4]) que daba lugar a que los habitantes confiaran que las informaciones que daban estaban fundamentadas en estudios científicos serios y en la lex artis científica, sismológica, etc.

¿Cómo se explica que tan solo después de 45 minutos de reunión, la Comisión tome la decisión de que “En esta zona la oleada de sacudidas es algo que no alarma. Al revés, los técnicos piensan que es una situación favorable que la tierra se mueva, es señal de que el terremoto va perdiendo fuerza”? El funcionario público (20 CP) que tiene por función hacer evaluaciones sobre los riesgos e informar a la población de ellos tiene una responsabilidad inmensa.

En un segundo de imputación (imputación del resultado), esa elevación del riesgo dada por la emisión de información “genérica e ineficaz” generó en los habitantes de L’Aquila la falsa confianza de que nada iba a pasar porque los temblores, como les había dicho la comisión, significaban que la tierra “estaba liberando energía”, confianza que los llevó a interrumpir su costumbre de llevar a cabo medidas preventivas cada vez que ocurría un terremoto, medidas como salir de las casas y refugiarse en las plazas más cercanas o en sus vehículos.

Llevando a cabo un Juicio Concreto de qué hubiera sucedido en la eventualidad de que el dictamen de la Comisión de Grandes Riesgos no hubiera descartado la posibilidad de ocurrencia de un terremoto, que su evaluación del riesgo no hubiera sido “genérica e ineficaz” ni que sus comunicaciones hubieran sido “inexactas, incompletas y contradictorias”, esto no hubiera sido la Conditio sine qua non que implicó que los vecinos de L’Aquila dejaran de salír corriendo de las casas y se refugiarse en la plaza más cercana o pasar la noche al relente o en el interior de los coches, una noche tras otra, hasta que los temblores se calmaran.  Medidas preventivas que si las hubieran llevado a cabo en la fatídica madrugada del 6 de Abril, en contravía de los dictámenes negligentes y carentes de estudio de la Comisión, se habrían podido salvar muchas vidas.

El juicio no fue acerca de la ciencia, ni sobre sismología, ni sobre la capacidad o incapacidad de los científicos para predecir terremotos. Estas condenas fueron sobre la comunicación de riesgos “genérica e ineficaz”[5], y más en general, sobre la responsabilidad que los científicos  tienen como ciudadanos para compartir sus conocimientos con el fin de ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y saludables. Es como en el caso de la persona que acude al médico porque viene presentando unos síntomas, pero el médico después de pocos minutos de verlo y sin realizarle ningún examen le dice que está bien, que no pasa nada y lo envía a la casa diciéndole que “no se preocupe, es algo normal”, pero tiempo después el paciente se agrava[6]. Es como dijo el cirujano Vicenzo Vittorini, vecino de L’Aquila: “Pero si vas al médico porque te duele la barriga y él te dice ‘no se preocupe, es algo normal’, y después de un tiempo tienes consecuencias graves, vuelves al médico y le pides explicaciones. Es lo que hace este juicio. ¿Por qué nos robaron el miedo?“.

En este caso no ha lugar excluyentes de la Imputación[7], por cuanto el ataque a los bienes jurídicos no fue enteramente por parte de la naturaleza que constituyera una fuerza irresistible. Los miembros de la Comisión no fueron condenados por no ser capaces de predecir la ocurrencia de un terremoto[8], sino por dar informaciones “inexactas, incompletas y contradictorias” acerca de los peligros de la actividad sísmica que subsecuentemente socavaron la seguridad de la población. Igualmente, los miembros no proporcionaron datos ni estudios escritos, solo concedieron entrevistas a la prensa, pero en ningún caso revelaron alguna información específica de ningún tipo de investigación ni estudio técnico que los llevara a decir que los temblores solo significaban que “la tierra estaba liberando energía”, cómo puede decirse en este caso que se trataba de un hecho imprevisible porque si ellos negaron la posibilidad de su ocurrencia, se trata de una certeza. Tal y como dijo el Abogado de la Acusación Antonio Valentini: “si nadie puede prever un terremoto, ¿por qué ellos lo excluyeron? ¿No es eso también una previsión?”[9].


[2] VELÁSQUEZ V., Fernando. La tipicidad en otras formas de aparición de la conducta punible. P. 440.

[3] El Principio de Confianza se enuncia diciendo que dentro de la sociedad cada persona debe realizar correctamente los comportamientos que le corresponden y que los demás esperan que así sea, es decir, que se actúe acorde con aquello que le compete. Dicho de otra manera, el hombre debe desplegar su conducta dentro de los cánones establecidos y los otros aguardan a que así lo haga. Simultáneamente, ese hombre espera que los otros realicen acciones y omisiones según les corresponda. Es una concreción de la relación expectativas-no defraudación. En síntesis, la persona se conduce sobre la base de la fe, o sea, confiando en que los demás obran dentro de las reglamentaciones establecidas.

[4] “Para la determinación de si un riesgo es jurídicamente o no desaprobado lo determinante no es entonces lo que el individuo pudo hacer para evitar el resultado, sino aquello que debió haber hecho para impedirlo, con lo cual se abandona un criterio eminentemente subjetivo como el del hombre prudente para adoptar su lugar uno claramente objetivo, fundamentado sobre la existencia de una posición de garante derivada de las expectativas de comportamiento social (deber de actuación)” REYES ALVARADO, Yesid. Imputación Objetiva. Bogotá : Temis, 2005. P. 122.

[6] Vicenzo Vittorini dijo: “Pero si vas al médico porque te duele la barriga y él te dice ‘no se preocupe, es algo normal’, y después de un tiempo tienes consecuencias graves, vuelves al médico y le pides explicaciones. Es lo que hace este juicio. ¿Por qué nos robaron el miedo?”.

[7] “Gunther Jakobs resume así los casos en los cuales no es posible imputar objetivamente una conducta: En primer lugar, la conducta puede mantenerse por su modalidad y la magnitud del peligro que entraña, dentro del riesgo permitido; En segundo lugar, la conducta puede ser en sí misma inocua y desviada arbitrariamente por otra persona en un sentido delictivo; En tercer lugar, la compensación de la conducta peligrosa puede ser asunto de un tercero; y en cuarto lugar, puede que la consecuencia dañosa incumba a la víctima misma por su propio comportamiento”. MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El Funcionalismo en derecho penal: libro homenaje al profesor Günther Jakobs. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. Criterios de Exclusión de la Imputación Objetiva: a) Por disminución del riesgo; b) ausencia de creación de peligro; c) Riesgo Permitido; d) No realización del peligro; e) Falta de realización del riesgo permitido; f) Resultados no cubiertos por el fin de protección de la norma de cuidado; g) Conducta adecuada a derecho. ROXIN, Claus. La Imputación Objetiva en el Derecho Penal. Editado y traducido del Alemán por ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. Lima: IDEMSA, 1997. P. 109

[8] Ver la posición contraria en Responsabilidad penal por (inadecuado) control de riesgos y fenómenos naturales: el “caso L’Aquila”: ““En este caso, los resultados típicos de las muertes y las lesiones no fueron producto de un curso causal determinado ni dominado, ni subjeta ni objetivamente, por ninguna persona, sino que el “dominio” estuvo en todo caso, dado por un fenómeno natural, el terremoto. Por lo que, en aplicación del principio de accesoriedad de la participación, si no hubo autoría de la conducta típica por parte de ningún autor, mucho menos habría responsabilidad de los meros cooperadores”.” y en Criminal Law and the Science of Prediction

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Filed under Lex, Próxima Parada

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