Kant y la Dosis Personal

Día de la Marihuna ¿Legalizar o no legalizar?

La sentencia C- 221 de 1994 que trató la demanda contra el literal j) del artículo 2o. y el artículo 51 de la ley 30 de 1986, los cuales versaban sobre la penalización de la dosis personal, resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Es Constitucional que el Estado regule la esfera privada de las personas, en especial comportamientos que involucran a un individuo consigo mismo y no con otros?

Es este el problema en tanto el literal j) del artículo 2o. definía qué se ha de entender por dosis personal y el artículo 51 sancionaba a la persona que portara la dosis o se encontrara en “estado de drogadicción”, así las normas demandadas regulaban un comportamiento individual que no está involucrando más que a la persona sancionada. La pregunta que surge entonces es si el Estado tiene la competencia para normativizar comportamientos que involucran a una persona exclusivamente consigo misma y no con otras.

Así lo identifico la Corte a través de la ponencia del magistrado Carlos Gaviria. La Corte parte de entender el derecho como un regulador del “comportamiento interferido” y no del comportamiento que no lo es, cuya evaluación sólo es posible hacer en términos morales. Sin embargo, para entender por qué la normatividad demandada hacia parte del ordenamiento jurídico colombiano, diseñó un ejercicio hermenéutico en el cual planteaba 3 posibles explicaciones: “1) expresa un deseo sin connotaciones normativas; 2)  se asume dueño absoluto de la conducta de cada persona, aún en los aspectos que nada tienen que ver con la conducta ajena; 3) toma en cuenta la situación de otras personas a quienes la conducta del sujeto destinatario puede afectar.”

La Corte encontró que ninguna de las tres posibles interpretaciones por las cuales la normatividad castigaba el porte y consumo de la dosis personal de droga era acorde con la Constitución. La primera es contra intuitiva, en tanto una normatividad no puede pretender no tener connotación normativa. La segunda va, evidentemente, en contra del camino propio de acción denominado “autonomía” por Kant y asimilado en el sistema jurídico Colombiano en el al Art. 16 de la Constitución, que prescribe que “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Finalmente, la tercera interpretación no aplica pues los efectos colaterales no son propios de esta actividad y pretender regular todos los efectos colaterales de las múltiples actividades sería absurdo.

Según el M.P. Kant, los actos del individuo solo deben ser restringidos en aquellos casos en los que el uso de su libertad puedan dañar el de los demás. No existe la libertad sin la autonomía, dado que la primera necesita que se respete a todas y cada una de las personas que componen una sociedad como fines en sí mismos (fines objetivos) y no como medios (fines subjetivos), cada uno habrá de actuar de forma autónoma, con base en sus propias creencias y no bajo las órdenes de otros[1]. De esta manera, en un Estado de derecho no se pueden restringir los actos propios del individuo sino solo en casos en los cuales el ejercicio de su libertad dañe la libertad de los demás individuos por lo que el derecho no debe limitar comportamientos que sólo favorecen o perjudican al autor de estas, como es el caso del consumo de estupefacientes,  en el cual el consumidor es el único perjudicado. Así, la Corte declaró inconstitucional en su momento la persecución policial y la penalización del consumo y porte de la dosis personal mínima de drogas ilícitas.

Cabe decir que hay una premisa de la que parte la argumentación que no es profundizada en la sentencia, pero sería esencial profundizarla para validar la conclusión: ¿se trata el porte y consumo de drogas una actividad exclusiva de la esfera privada? La respuesta es afirmativa desde un inicio para la argumentación de la Corte, aunque es discutida de nuevo cuando se pregunta si la conducta del sujeto destinatario puede afectar a otras personas, a lo que responde en esta ocasión afirmativamente, pero el grado de afectación a otras personas no es considerado suficientemente relevante y diferente al producido por otras actividades que no están reguladas. Es precisamente de este punto de donde se ciñen los magistrados que salvaron el voto para argumentar su disidencia, y Kant coincidiría con ellos, en el sentido de que “conservar cada cual su vida es un deber, y además todos tenemos una inmediata inclinación a hacerlo así”[2] y en el sentido que quien consume estupefacientes estaría violando su “deber de perfeccionarse” ya que “ser racional necesariamente (re)quiere que se desenvuelvan todas las facultades en él, porque ellas le son dadas y le sirven para toda suerte de posibles propósitos”[3].

El salvamento de voto identifica otro problema jurídico a partir de la decisión adoptada (por la mínima diferencia en la votación de los magistrados, 5 vs. 4). Este problema se deriva del argumento principal que sustenta la decisión, a saber, que el Estado no puede regular la esfera privada de las personas fundamentándose en el libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16. Así el problema jurídico se vuelve: ¿Puede el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad ser fundamento de la despenalización de una dosis personal de droga?

Según los magistrados que salvaron el voto la respuesta es no. Para fundamentar su respuesta, los magistrados argumentan desde las dos formas en las que el problema puede ser abordado; la esfera social y la individual.

En primer lugar, exponen la idea según la cual la libertad no consiste en hacer lo que nos viene en gana sin importar las consecuencias que esto pueda tener para nosotros mismos sino que, por el contrario, debe estar encaminada a un continuo perfeccionamiento del ser, dándole a conocer sólo aquellas cosas que lo lleven por el camino del bien. Siendo el consumo de drogas una actividad autodestructiva, y por tanto contraria a la razón, es impensable si quiera que el ordenamiento jurídico pueda proteger una figura que es antagónica de la libertad responsable que un Estado Social de Derecho debe promover. “El derecho al libre desarrollo de la personalidad supone que el hombre, en el ejercicio libre de sus actos, aumente su autonomía, de suerte que sea dueño de sí, es decir, como persona y no lo contrario: que se anule como tal.”.

En segundo lugar, los magistrados pretenden demostrar que el acto de consumir drogas no es un acto lesivo solo para el individuo, sino para la sociedad misma que debe lidiar también con las desagradables consecuencias de la drogadicción. Así es que, por ejemplo, la familia se podría ver obligada a ver a uno de sus integrantes consumirse en una drogadicción fatal a fin de cuentas permitida por el Estado, quien, como señala el artículo 42 de la constitución política, está obligado a protegerla –a la familia-. Una drogadicción que, como puede ser demostrado desde varios puntos de vista, es lesiva para la unidad familiar. Además, el drogadicto no es solo una persona perdida para sí misma, sino un individuo que antes de caer en el mundo del vicio podría haber sido benéfico para la sociedad. Permitir pues que este individuo hipotético se perdiera indefinidamente de la sociedad sería ir en contra de los principios del Estado Social de Derecho, que están dirigidos al bienestar colectivo en primacía al individual.

Está demostrado además, argumentan los magistrados, que el acto de consumir drogas está intrínsecamente relacionado con la actividad criminal, algo que, sobra aclarar, el Estado debe combatir. Es por esto que la mayor paradoja que se deriva de la despenalización de la dosis personal de estupefacientes es el hecho de que el Estado persiga su producción pero proteja su consumo.

Es principalmente por los anteriores motivos que los magistrados deciden salvar su voto frente a la sentencia final que legalizó el porte de una dosis personal de droga.

Ahora, La técnica argumentativa del salvamento de voto deja abierta la puerta a un gran número de interrogantes jurídicos y políticos sobre el accionar de la Corte. Así es que, por ejemplo, durante la totalidad de la sentencia se expresa una sentida preocupación por los daños y peligros que se pueden derivar del peligro del consumo de estupefacientes. Sin embargo, a la hora de demostrar que estos daños son lo suficientemente prejuiciosos para la sociedad y el individuo los magistrados se limitan a afirmar “La gravedad evidente –que por tanto, no requiere ser demostrada– del consumo de drogas, hace que sea apenas razonable juzgar que el consumo de tales tóxicos no sea indiferente. (Subrayado fuera del texto)”. Toda especulación filosófica es vana en cuanto no conozca siquiera el asunto que trata.

La pregunta que se deriva directamente de la anterior situación es si los magistrados que salvan su voto no lo hacen desde una perspectiva de protección hacia aquello que ellos consideran moralmente correcto, algo que, sobra decirlo, no tiene por qué afectar su decisión judicial y por tanto, la vida diaria del colombiano común. El epígrafe que nos introduce a la lectura refleja de manera exacta la situación: La verdadera libertad no consiste en el derecho a escoger el mal, sino en el derecho a elegir sólo entre las sendas que conducen al bien (subrayado fuera del texto)“. Ahora, ¿son aquellos magistrados los ilustres patriarcas que han de llevar a la sociedad colombiana hacia aquel camino de bien que ella misma nunca tendrá la oportunidad de reconocer?

Aquella desmedida abstracción del universo social puede llevarnos al extremo de tratar de categorizarlo todo, incluso lo desconocido.


[1] KANT, Immanuel. Fundamentos de la metafísica de las costumbres, México: Porrúa, 2000. Pág 44.

[2] KANT, Immanuel. Fundamentos de la metafísica de las costumbres, México: Porrúa, 2000. Pág 24.

[3] KANT, Immanuel. Fundamentos de la metafísica de las costumbres, México: Porrúa, 2000. Pág 40.

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