¿Qué soluciones nos ofrece el Derecho internacional contra la Piratería del Siglo XXI?

En mayo de 2010 el Estado Ruso liberó a 10 piratas Somalíes capturados por la fragata “Marshall  Sháposhnikov” frente a las costas de Yemen. Estos piratas habían sido capturados durante la liberación del barco petrolero “Moscow University” con 23 marineros a bordo. Según el Coronel Alexei Kuznetzov portavoz del Ministerio de Defensa la pronta liberación se debió a  imperfecciones del Derecho internacional y a que “actualmente no existe regla legal para perseguir o juzgar piratas operantes en la región de Somalia”, es decir, que el  derecho doméstico no tiene bases para detener a estos piratas[1].

A partir de lo anterior, me propongo a revisar las bases de dichas afirmaciones, centrándome por un lado, en la regulación de la piratería en el derecho internacional y por el otro, en la problemática de jurisdicción que encarna este crimen jure gentium. El objetivo de este texto será responder a las siguientes preguntas: ¿Existen imperfecciones en la regulación de la piratería en el Derecho internacional? ¿Cómo se articula la jurisdicción doméstica frente a esta legislación internacional?

La Piratería en la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar de 1982.

Etimológicamente la palabra piratería se deriva del griego “peirates” y “peiró”[2]. La primera significa el que va buscando aventuras y por extensión,  ladrón de la mar y la segunda, atravesar de parte a parte,específicamente,  navegar.  La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho Del Mar de 19882 (UNCLOS) define en el articulo 101 a la piratería como:

A) “Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado.

B) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;

C) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado A) o en el apartado B) o facilitarlos intencionalmente”.

Esta definición de piratería, retomada del Convenio de Ginebra de 1958 en sus arts 14-21, y presente en el UNCLOS de 1982 en los artículos 100 a 107 es a menudo objeto de confusión con otra figura muy clásica del ius gentium internacional: el Corso[3].

El Corso marítimo, abolido por la Declaración de París de 1856, consistía en que una embarcación privada era contratada por un Estado para participar en la guerra marítima, en virtud de una “patente de corso” a cambio de que los navíos Estatales le dejaran en paz en su empresa de asaltar de barcos comerciantes o de guerra enemigos y tomar en botín su riqueza a a cambio de repartir una parte a la Corona que le había concedido la autorización. Sin embargo debido al abuso de esta práctica y a la alta evasión a dar parte de su botín, dio lugar a su abolición[4].

Las diferencias entre el histórico y romántico corso y la piratería, radican,  en primer lugar, en que la primera es ejercida por una embarcación naval o por una privada bajo la autoridad de un gobierno, mientras que la segunda es una iniciativa meramente privada de uno o más individuos civiles o que pueden ser tripulación naval Estatal que se amotina. En segundo lugar, el corso aplicaba en tiempos de guerra, mientras que la piratería ocurre en todo tiempo.

Los actos tipificados como Piratería, de acuerdo con el artículo 101 del Convenio de 1982, deben de recibir el tratamiento de la Piratería Universal, y por tanto su persecución es una excepción al principio de competencia exclusiva del País de la bandera, por lo que cualquier Estado –en alta mar, en una ZEE o en un lugar fuera de la jurisdicción de otro Estado– puede capturar un navío o aeronave dedicado a realizar actos de piratería, por las personas bajo cuyo mando se encuentran. Quienes,  bajo la ley de las naciones son tratados, en las palabras del Juez John Basset Moore en el caso Lotus ante la CIJ[5], como “delincuente[s], enemigos de la humanidad –hostis humani generis— a quienes cualquier nación, en el interés de todos, puede capturar y castigar”. Esta continúa siendo la ley hoy, como el mejor ejemplo de lo que se conoce como “aplicación y competencia judicial universales”.

Por su parte, la Piratería por Analogía o Piratería relativa, tipifica las conductas de quienes “sin ánimo de lucro y actuando por obediencia jerárquica en defensa de sus intereses nacionales violan ciertamente alguna norma jurídica internacional”[6]. Estos escasos casos de Piratería por Analogía, constituyen hechos aislados en los que no se configuran los elementos de la piratería ya que por lo general carecen del dolo de apoderarse del barco, no tienen el dolo de secuestrar una tripulación y no se llevan a cabo con el fin de obtener un lucro producto de una extorsión[7].

Es claro que el derecho internacional si contempla la piratería, pero ¿tiene imperfecciones como lo afirma el portavoz ruso? A primera vista, parece ser insuficiente la regulación consagrada en los artículos del 1001 al 1007, de hecho de dicha regulación surgen mucha preguntas que parece no responder la convención, preguntas como: ¿Se podría configurar una tentativa de piratería o una conspiración de piratería? O ¿cuál es el estándar probatorio para este crimen?.

El crimen de Piratería en otros convenios internacionales.

A pesar de las provisiones incluídas en la Convención del Derecho del Mar de 1982, éstas se quedan cortas porque no sistematizan todos los actos que pueden constituir piratería ni los actos que conforman el íter críminis ni los elementos amplificadores del tipo como la tentativa y la coparticipación.

Puede que la Convención sobre el derecho del mar deje abiertos muchos interrogantes pero estos pueden ser llenados al interpretar sistemáticamente otros convenios del Derecho Internacional.

La Convención SUA de 1988 y su Protocolo de 2005, prohíben cualquier acto que incluya cualquier elemento del delito de piratería (Art. 101 UNCLOS): tomar o ejercer control sobre una embarcación por la fuerza o amenaza de la fuerza, o cualquier forma de intimidación, y lesionando o matando cualquier persona en conexión con la comisión o tentativa de comisión de tal ofensa, sin requerir que los actos involucren dos embarcaciones[8].

Además de estas prohibiciones consagradas en tales Convenciones, la SUA de 1988 incluye la prohibición, en sus arts. 3 y 4, de llevar a cabo actos[9] de violencia[10] en contra de una persona a bordo de un barco con la intención de poner en peligro la segura navegación de tal embarcación. Requerimiento que se sale de la tipificación de la Piratería en el ius gentium y en la UNCLOS, actos que a diferencia de la Piratería, no están limitados a alta mar y a las zonas económicas exclusivas, sino que se aplican a actos cometidos si “la nave se encuentra en navegando o se prepara a navegar  en, hacia, a través o desde aguas más allá del límite exterior del mar territorial de un Estado o de los límites territoriales con Estados adyacentes”.

En la medida en que los delitos cometidos por presuntos piratas satisfacen los requerimientos de la Convención SUA, es de particular utilidad esta integración porque crea un marco bajo el cual y en virtud de los artículos 7[11], 8[12] y 10[13] de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, por medio del cual los capitanes de embarcaciones pueden llevar sospechosos de piratería según la Convención SUA ante la autoridad de un Estado Parte, el cual estará obligado a tomar en custodia a menos que pruebe su incompetencia y extradite a los infractores a un Estado interesado en llevar el caso en sus propias autoridades.

Las Tácticas de los Piratas Somalíes consisten en llevar ataques rápidos y simples con el fin de tomar control en el menor tiempo posible, y con las menores complicaciones, de embarcaciones grandes y lentas que no posean una gran amenaza a sus equipos simples con armas de fuego desgastadas por el agua salada del mar[14]. Tácticas que han sido muy efectivas y que han culminado en cientos de casos de piratería y robo armado de millones de dólares en rescates alrededor de los siete mares, según reportes de la Oficina Marítima Internacional (IMB) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC)[15].

Tomar barcos y mantenerlos como rehenes a cambio de un rescate,  actos de los piratas operantes en las costas de Somalia y otros aquellos que los apoyan, parecen tipificarse dentro de la definición del art 1º de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979 sea o no que los piratas sean exitosos en piratear la embarcación y someterla a ella y a su tripulación a cambio de un rescate, por lo que de esta forma se admite la punibilidad de la tentativa acabada de piratería[16].

En el Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 (TOC), los piratas somalíes que son apoyados por individuos y organizaciones que importan sus armas, municiones, botes rápidos, gasolina, ganchos de agarre y escaleras de abordaje y que les procuran las negociaciones y arreglan la entrega de los rescates y proceden a dividirse el botín, constituyen un “grupo delictivo organizado” según el art. 2(a) del TOC, cuyo ámbito de aplicación cubre los delitos cometidos en más de un Estado; que puede ser cometido en un solo Estado, pero su preparación supone la realización de más actividades delictivas en los territorios de otros Estados; o que “Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.” (Art. 3(2)).

Por su parte, la Convención en contra de la Financiación del Terrorismo de 1999 define la ofensa[17] como la provisión o recolección “por el medio que fuere directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente…fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para cometer… un acto que constituya una ofensa dentro del alcance de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como este definido en ese tratado”, inter alia, la Convención para la Supresión de actos ilegales en contra de la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988 y la Convención Internacional en contra la Toma de Rehenes de 19979

De esta forma, cualquiera que participe como un cómplice, organizando o dirigiendo a otros a cometer piratería –como en el caso de los métodos y procesos usados por los piratas operantes en las costas de Somalia–, o contribuyendo a la comisión de esta ofensa con un propósito común es también un de financiación del terrorismo según el artículo 2 de la convención  internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1979

Aunque el art. 101 UNCLOS no incluya dentro de la tipificación de la Piratería algunos elementos amplificadores del tipo[18], tales como la Tentativa de Piratería[19] ni los grados de Autoría o Participación en el delito[20], los actos preparatorios que se consuman o no dentro del íter críminis del Delito de Piratería y la sanción a los aparatos organizados de poder detrás del delito,  se encuentran descritos en sus propias normas punitivas –ya sea en los tratados internacionales como UNCLOS o SUA o TOC o HTC o TFC; o en el derecho penal doméstico—tales como, los actos ilícitos de hurto o latrocinio, toma de rehenes, secuestro, concierto para delinquir, crímenes de la delincuencia organizada, extorción con fines de lucro, financiación y apoyo al terrorismo, etc.

Medidas contra la Piratería.

Bajo la Jurisdicción concedida exclusivamente a los Estados según el cual tienen el deber de la represión universal (Art. 100 UNCLOS) de la piratería a cargo de todos los Estados aunque un pirata cometa delitos por fuera de sus  aguas territoriales y se refugie en alta mar o porte una bandera diferente, éstos pueden acudir a ciertos mecanismos de Policía Especial en Alta Mar[21].

El Art. 94 UNCLOS[22], prescribe los Deberes del Estado del pabellón, entre los que se encuentra el deber de ejercer su jurisdicción bajo su legislación interna  sobre los barcos que estén asociados a su bandera o nacionalidad, en virtud del art. 91[23].

El artículo 105 UNCLOS figura el Apresamiento de un buque o aeronave pirata en alta mar por parte de todo Estado, para llevar a cabo la detención de su tripulación y la incautación de los bienes a bordo utilizados para la empresa pirata.

Para cumplir con esta potestad, los Estados del Pabellón ostentan del Derecho de Visita, según el art. 110 UNCLOS[24], el cual consiste en que si un navío de la armada o guardacostas tiene una “sospecha razonable” de que ha avistado un navío que es sospechoso de estar dedicado a la piratería, puede abordarlo para su inspección, sea este navío sospechoso uno nacional o de pabellón extranjero[25].

Los individuos, como los buques víctimas de Piratería y sus tripulaciones, tienen el Derecho, erga omnes a la legítima defensa o autoprotección de su vida, libertad y propiedad que está siendo amenazada inminentemente, tal y como se consagra en la costumbre internacional y que ha ido ayudando a reducir los casos de piratería en 2012[26].

Todas las provisiones citadas anteriormente tienen por regla general que en alta mar el Estado del Pabellón tiene exclusiva potestad sobre buques, que enarbolan su pabellón, de juzgar a sus tripulantes y confiscar sus bienes a bordo, como reza la Convención del Derecho del Mar (UNCLOS) en sus arts. 92(1) y 110(1)[27]. Excepcionalmente, embarcaciones de pabellones extranjeros navegando en alta mar no pueden ser abordadas, inspeccionadas ni detenidas legalmente sin el consentimiento del Estado del Pabellón.

Si todas estas fueran utilizadas y articuladas de manera coherente por los Estados, serían un arma muy eficaz en la lucha contra la piratería, por medio de su implementación en el derecho doméstico de los Estados, de su criminalización por medio de las medidas adecuadas a la gravedad del delito de Piratería y de la cooperación internacional por medio de la firma de tratados multilaterales que faciliten su judicialización o su extradición obedeciendo efectivamente el deber de cooperación consagrado en el art. 100 UNCLOS. Un buen comienzo para esta cooperación podría ser la modernización no solo de las legislaciones domésticas, sino también de las fuerzas para la persecución, investigación y criminalización de la piratería en virtud de la Resolución 1918 del Concejo de Seguridad; la imposición a los Estados de su deber de cooperar en la lucha contra la piratería y/o la concesión de competencias a algún organismo internacional para investigar; y juzgar personas y casos de Piratería.

BIBLIOGRAFÍA

AZCARRAGA, Jose Luis de. Derecho del Mar. Volumen 1. Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares : Azcárraga, 1983.

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988 (SUA)

International Convention against the Taking of Hostages, 1979

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (TOC).

J. Ashley. General Problematic Issues on Exercise of Jurisdiction over Modern Instances of Piracy. Chapter Seven. Pp. 119-137. En: SYMMONS, Clive R. & LOWE, Vaughan &  CHURCHILL, Robin (Edits.). Selected Contemporary Issues in the Law of the Sea. Publications on Ocean Development Volume 68. Martinus Nijoff Publishers : Leiden, Boston, 2011.

SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. Porrúa : México, 2005.

STRATENWERTH, Gunther. Disvalor de Acción y Disvalor de Resultado en el Derecho Penal. Hammurabi : Buenos Aires, 2006.


[2] SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. Porrúa : México, 2005. P. 301.

[3] “Los barcos que se dedicaban al corso recibían el nombre de corsarios y en tiempo de paz tenían la lógica actividad comercial de toda embarcación privada propiedad de armadores particulares, aunque podían, asimismo, participar en medidas de represalia. En tiempo de guerra, el corsario tenía la obligación de conducirse conforme a las leyes y costrumbres de la guerra marítima, debiendo observar rigurosamente las instrucciones contenidas en la autorización oficial –la <<patente de corso>>– de su Gobierno, que le concedía, por extensión, un carácter de beligerante y la posibilidad de –haciendo la guerra por su cuenta y a su riesgo, pero también a su provecho…–ejercer el derecho de captura sobre barcos enemigos.” AZCARRAGA, Jose Luis de. Derecho del Mar. Volumen 1. Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares : Azcárraga, 1983. P. 168.

[4] Corso marítimo comprende “la empresa naval de un particular contra los enemigos de su Estado, realizada con el permiso y bajo la autoridad de la potencia beligerante, con el exclusivo objeto de causar pérdidas al comercio enemigo y entorpecer al neutral que se relacione con dichos enemigos. El corso, esta institución consagrada de la costumbre militar, ha podido, en la práctica, ser borrada del vocabulario de las naciones, pero ahí está, sin embargo, escrita con caracteres indelebles, en los fastos de un pasado no muy lejano y por la amplitud de su acción histórica, por la incertidumbre de su ilegitimidad absoluta en ciertas guerras futuras y por el uso, todavía reciente, del calificativo de corsarios atribuido a ciertos combatientes aislados de las últimas guerras…” AZCARRAGA, Jose Luis de. Ob. Cit. y SEARA VÁZQUEZ, Modesto Ob. Cit. p.432

[5](The Lotus (France v. Turkey), PCIJ, Ser. A. No. 10 (1927), at p.70 (separate opinion), http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/35_Lotus_Opinion_Moore.pdf )

[6]AZCARRAGA, Jose Luis de. Derecho del Mar. Volumen 1. Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares : Azcárraga, 1983. P. 168.

[7] “Si la represión de la piratería absoluta debe ser universal, la de la piratería relativa, o por analogía, sólo será de carácter nacional. Bien es verdad que esta distinción tiene fronteras muy permeables y que existe una gran confusión doctrinal y numerosos <<casos>> en que algún Estado –lógicamente el más afectado o perjudicado–, al calificar de pirata a un barco, pretende que sea detenido internacionalmente, porque en definitiva ha enjuiciado como actos de piratería propia y auténtica los que acaso sólo pudieran ser considerados como de pseudopiratería, actos terroristas, violentos o de cualquier otra índole, máxime si se presentan enmascarados por la política.”

[8] Artículo 101. Definición de la piratería: Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes: a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: i) Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; ii) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado; b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata; c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.

[9] Artículo 3: 1. Comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente: a) se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o b) realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque; o c) destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o d) coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un artefacto o una sustancia que puedan destruir el buque, o causar daños al buque o a su carga que ponga o puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o e) destruya o cause daños importantes en las instalaciones y servicios de navegación marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un buque; o 3 f) difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo así en peligro la navegación segura de un buque; o g) lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a f). 2. También comete delito toda persona que: a) intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1; o b) induzca a cometer cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1, perpetrados por cualquier persona, o sea de otro modo cómplice de la persona que comete tal delito; o c) amenace con cometer, formulando o no una condición, de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna, con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b), c) y e) del párrafo 1, si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque de que se trate.

[10] Artículo 4: 1. El presente Convenio se aplicará si el buque está navegando, o su plan de navegación prevé navegar, hacia aguas situadas más allá del límite exterior del mar territorial de un solo Estado, o más allá de los límites laterales de su mar territorial con Estados adyacentes, a través de ellas o procedente de las mismas. 2. En los casos en que el Convenio no sea aplicable de conformidad con el [párrafo]∗ 1, lo será no obstante si el delincuente o el presunto delincuente es hallado en el territorio de un Estado Parte distinto del Estado a que se hace referencia en el párrafo 1.

[11] Artículo 7: Líneas de base rectas: 1. En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad  inmediata, puede adoptarse, como método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados. 2. En los casos en que, por la existencia de un delta y de otros accidentes naturales, la línea de la costa sea muy inestable, los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar más alejada mar afuera y, aunque la línea de bajamar retroceda ulteriormente, las líneas de base rectas seguirán en vigor hasta que las modifique el Estado ribereño de conformidad con esta Convención. 3. El trazado de las líneas de base rectas no debe apartarse de una manera apreciable de la dirección general de la costa, y las zonas de mar situadas del lado de tierra de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas interiores. 4. Las líneas de base rectas no se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del agua, o que el trazado de líneas de base hacia o desde elevaciones que emerjan en bajamar haya sido objeto de un reconocimiento internacional general. 5. Cuando el método de líneas de base rectas sea aplicable según el párrafo 1, al trazar determinadas líneas de base podrán tenerse en cuenta los intereses económicos propios de la región de que se trate cuya realidad e importancia estén claramente demostradas por un uso prolongado. 6. El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un Estado de forma que aísle el mar territorial de otro Estado de la alta mar o de una zona económica exclusiva.

[12] Artículo 8 Aguas interiores: 1. Salvo lo dispuesto en la Parte IV, las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado. 2. Cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad con el método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal como se establece en esta Convención.

[13] Artículo 10 Bahías: 1. Este artículo se refiere únicamente a las bahías cuyas costas pertenecen a un solo Estado. 2. Para los efectos de esta Convención, una bahía es toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro, en relación con la anchura de su boca, es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de ésta. Sin embargo, la escotadura no se considerará una bahía si su superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. 3. Para los efectos de su medición, la superficie de una escotadura es la comprendida entre la línea de bajamar que sigue la costa de la escotadura y una línea que una las líneas de bajamar de sus puntos naturales de entrada. Cuando, debido a la existencia de islas, una escotadura tenga más de una entrada, el semicírculo se trazará tomando como diámetro la suma de las longitudes de las líneas que cierran todas las entradas. La superficie de las islas situadas dentro de una escotadura se considerará comprendida en la superficie total de ésta. 4. Si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía no excede de 24 millas marinas, se podrá trazar una línea de demarcación entre las dos líneas de bajamar y las aguas que queden así encerradas serán consideradas aguas interiores. 5. Cuando la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía exceda de 24 millas marinas, se trazará dentro de la bahía una línea de base recta de 24 millas marinas de manera que encierre la mayor superficie de agua que sea posible con una línea de esa longitud. 6. Las disposiciones anteriores no se aplican a las bahías llamadas “históricas”, ni tampoco en los casos en que se aplique el sistema de las líneas de base rectas previsto en el artículo 7.

[15] Piracy Reporting Centre of the International Maritime Bureau (IMB) of the International Chamber of Commerce (ICC) http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre

[16] Artículo 1: 1. Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará ”el rehén”) o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente convención. 2. Toda persona que: a) intente cometer un acto de toma de rehenes, o b) participe como cómplice de otra persona que cometa o intente cometer un acto de toma de rehenes comete igualmente un delito en el sentido de la presente Convención.

[17] Artículo 2:  1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado; b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o

a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o 3 contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 2. a) Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al presente Convenio, un Estado que no sea parte en alguno de los tratados enumerados en el anexo podrá declarar que, en la aplicación del presente Convenio a ese Estado Parte, el tratado no se considerará incluido en el anexo mencionado en el apartado a) del párrafo 1. La declaración quedará sin efecto tan pronto como el tratado entre en vigor para el Estado Parte, que notificará este hecho al depositario; b) Cuando un Estado Parte deje de serlo en alguno de los tratados enumerados en el anexo,

podrá efectuar una declaración respecto de ese tratado con arreglo a lo previsto en el presente artículo. 3. Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 1, no será necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito mencionado en los apartados a) o b) del párrafo 1. 4. Comete igualmente un delito quien trate de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo. 5. Comete igualmente un delito quien: a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo; b) Organice la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo o dé órdenes a otros de cometerlo; c) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común. La contribución deberá ser intencionada y hacerse: i) Ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo; o ii) Ya sea con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo.

[18] STRATENWERTH, Gunther. Disvalor de Acción y Disvalor de Resultado en el Derecho Penal. Hammurabi : Buenos Aires, 2006.

[19] La tentativa de Piratería constituye un desvalor de acción menor que la Piratería que ha sido consumada. STRATENWERTH, Gunther. Ob. Cit. p. 76.

[21] AZCARRAGA, Jose Luis de. Derecho del Mar. Volumen 1. Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares : Azcárraga, 1983. P. 165.

[22] Artículo 94: Deberes del Estado del pabellón: 1. Todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón. 2. En particular, todo Estado: a) Mantendrá un registro de buques en el que figuren los nombres y características de los que enarbolen su pabellón, con excepción de aquellos buques que, por sus reducidas dimensiones, estén excluidos de las reglamentaciones internacionales generalmente aceptadas; y

b) Ejercerá su jurisdicción de conformidad con su derecho interno sobre todo buque que enarbole su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación, respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y sociales relativas al buque. 3. Todo Estado tomará, en relación con los buques que enarbolen su pabellón, las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar en lo que respecta, entre otras cuestiones, a: a) La construcción, el equipo y las condiciones de navegabilidad de los buques; b) La dotación de los buques, las condiciones de trabajo y la capacitación de las tripulaciones, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales aplicables; c) La utilización de señales, el mantenimiento de comunicaciones y la prevención de abordajes. 4. Tales medidas incluirán las que sean necesarias para asegurar: a) Que cada buque, antes de su matriculación en el registro y con posterioridad a ella en intervalos apropiados, sea examinado por un inspector de buques calificado y lleve a bordo las cartas, las publicaciones náuticas y el equipo e instrumentos de navegación que sean apropiados para la seguridad de su navegación; b) Que cada buque esté a cargo de un capitán y de oficiales debidamente calificados, en particular en lo que se refiere a experiencia marinera, navegación, comunicaciones y maquinaria naval, y que la competencia y el número de los tripulantes sean los apropiados para el tipo, el tamaño, las máquinas y el equipo del buque; c) Que el capitán, los oficiales y, en lo que proceda, la tripulación conozcan plenamente y cumplan los reglamentos internacionales aplicables que se refieran a la seguridad de la vida en el mar, la prevención de abordajes, la prevención, reducción y control de la contaminación marina y el mantenimiento de comunicaciones por radio. 5. Al tomar las medidas a que se refieren los párrafos 3 y 4, todo Estado deberá actuar de conformidad con los reglamentos, procedimientos y prácticas internacionales generalmente aceptados, y hará lo necesario para asegurar su observancia. 6. Todo Estado que tenga motivos fundados para estimar que no se han ejercido la jurisdicción y el control apropiados en relación con un buque podrá comunicar los hechos al Estado del pabellón. Al recibir dicha comunicación, el Estado del pabellón investigará el caso y, de ser procedente, tomará todas las medidas necesarias para corregir la situación. 7. Todo Estado hará que se efectúe una investigación por o ante una persona o personas debidamente calificadas en relación con cualquier accidente marítimo o cualquier incidente de navegación en la alta mar en el que se haya visto implicado un buque que enarbole su pabellón y en el que hayan perdido la vida o sufrido heridas graves nacionales de otro Estado o se hayan ocasionado graves daños a los buques o a las instalaciones de otro Estado o al medio marino. El Estado del pabellón y el otro Estado cooperarán en la realización de cualquier investigación que éste efectúe en relación con dicho accidente marítimo o incidente de navegación.

[23] Artículo 91: Nacionalidad de los buques: 1. Cada Estado establecerá los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los buques, para su inscripción en un registro en su territorio y para que tengan el derecho de enarbolar su pabellón. Los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. Ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque. 2. Cada Estado expedirá los documentos pertinentes a los buques a que haya concedido el derecho a enarbolar su pabellón.

[24] Artículo 110 Derecho de visita: 1. Salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten en ejercicio de facultades conferidas por un tratado, un buque de guerra que encuentre en la alta mar un buque extranjero que no goce de completa inmunidad de conformidad con los artículos 95 y 96 no tendrá derecho de visita, a menos que haya motivo razonable para sospechar que el buque: a) Se dedica a la piratería; b) Se dedica a la trata de esclavos; c) Se utiliza para efectuar transmisiones no autorizadas, siempre que el Estado del pabellón del buque de guerra tenga jurisdicción con arreglo al artículo 109; d) No tiene nacionalidad; o e) Tiene en realidad la misma nacionalidad que el buque de guerra, aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón. 2. En los casos previstos en el párrafo 1, el buque de guerra podrá proceder a verificar el derecho del buque a enarbolar su pabellón. Para ello podrá enviar una lancha, al mando de un oficial, al buque sospechoso. Si aún después de examinar los documentos persisten las sospechas, podrá proseguir el examen a bordo del buque, que deberá llevarse a efecto con todas las consideraciones posibles. 3. Si las sospechas no resultan fundadas, y siempre que el buque visitado no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido. 4. Estas disposiciones se aplicarán, mutatis mutandis, a las aeronaves militares.

5. Estas disposiciones se aplicarán también a cualesquiera otros buques o aeronaves debidamente autorizados, que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno.

[25] J. Ashley. General Problematic Issues on Exercise of Jurisdiction over Modern Instances of Piracy. Chapter Seven. Pp. 119-137. En: SYMMONS, Clive R. & LOWE, Vaughan &  CHURCHILL, Robin (Edits.). Selected Contemporary Issues in the Law of the Sea. Publications on Ocean Development Volume 68. Martinus Nijoff Publishers : Leiden, Boston, 2011.

[26] What happened to Somalia’s pirates? May 19th 2013, 23:50 by S.C.S. http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-11

[27] Igualmente en Zonas Económicas Exclusivas o EEZ, según los arts. 56(1), 58(2) de UNCLOS 1982.

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