Monthly Archives: January 2012

El Pacto de Ralito Desde los Ojos de Martiré

El “Pacto de Ralito”, visto desde la tesis de Martiré, se asemeja bastante al “Acta de Independencia” del Cabildo Abierto del 20 de Julio de 1810.

Tanto en el Pacto de Ralito como en el “Acta de Independencia”, se está proponiendo un Nuevo Estado, una Nueva Constitución. En el primero, se habla de “Refundar la Patria”, construir una “Nueva Colombia”; en el segundo, el Cabildo Abierto se reunió y proclamó un nuevo gobierno (Presidencial) en la Nueva Granada, basado en la libertad e independencia pero fiel a la Corona Española.

El Pacto de Ralito, como el Acta de Independencia, atiende discursivamente al concepto de “Soberanía del Pueblo”. El primero cita el preámbulo de la Constitución donde es posible encontrar que este principio o concepto usado para conferir a los signatarios -Políticos de la Costa Atlántica y jefes del Estado Mayor de las AUC- la “irrevocable tarea de refundar nuestra patria”.

En el segundo (“Acta de Independencia”), la “Soberanía de la Nación”, es clave en la elección de los “representantes” del pueblo reunido en “plaza pública” y en la toma de las decisiones que se vieron plasmadas en el Acta y que dieron origen a las Provincias Unidas de la Nueva Granada (en el año de 1811).

Siguiendo éste orden de ideas y la tesis de Martiré, tanto el Pacto de Ralito como el “Acta de Independencia se pueden considerar como Constituciones.

En el caso de la Nueva Granada, ésta ya contaba con su propio aparato judicial (“Tribunal de la Acordada”) y con una “autonomía de facto” que permitió que los Mandatos, Cédulas, Ordenanzas y Leyes promulgadas por las autoridades reales fueran interpretadas y ajustadas a la realidad de las colonias, lo que permitió la formación de un sistema jurídico propio, pero derivado de la Península, como por ejemplo, el “Derecho Indiano”.

En el contexto del “Pacto de Ralito”, los grupos de poder local sintieron que fueron desconocidos y que sus regiones estaban olvidadas por el Estado colombiano. Esto dio paso a la llegada y establecimiento de grupos guerrilleros y paramilitares, quienes instauraron, en ausencia del Estado, sus propias leyes y su propia justicia: tenían un sistema jurídico independiente. Lo que pasó en el 2001, pasó también en julio de 1810: cuando los representantes del pueblo reunido en plaza pública, los “criollos”, decidieron que era el momento de “refundar” la Nueva Granada e independizarse del dominio de la Corona Española, porque ellos se sentían desconocidos y en desventaja frente a los Españoles y porque en realidad ya estaban “independizados” desde hacía mucho tiempo: tenían sus propia justicia (“Tribunal de la Acordada”, Real Audiencia) y su propio derecho (“Derecho Indiano”).

Tilly (Estado Europeo Moderno) Rotberg Y Moncada (Estado Fallido)
Cita como el principal elemento de el estado moderno el monopolio de la fuerza y el control completo del territorio Al igual que Tilly citan a el monopolio de la fuerza y el control total del territorio, como el elemento más importante dentro del estado moderno para evitar el fracaso de este, pero al mismo tiempo dicen que esa jerarquía es flexible, y que hay casos en los cuales aunque se posean estos dos elementos, no se están otorgando servicios y bienes, por lo cual en cualquier momento el estado puede fracasar
Tilly genera una relación entre hacer la guerra, proteger, extraer recursos y gobernar, de manera que si el gobernante ofrece protección, el pueblo le da el monopolio de la extracción para que pueda hacer su guerra acabando con los enemigos del pueblo para ofrecer más protección y de esta manera se genera un ciclo entre protector y protegido. En el estado fallido este ciclo se rompe, puesto que al no ser efectiva la protección ofrecida por el estado, algunos grupos buscan refugio en lideres paramilitares, otorgándole los recursos a este. Esto ocurre puesto que el protegido al invertir sus recursos en busca de protección, y no recibirla a causa de la corrupción y la tiranía, rompiendo este ciclo
Tilly dice que hacer estado es pelear por controlar los enemigos dentro de las fronteras internas y hacer estado es pelear con sus enemigos de otras naciones En un estado fallido no es posible controlar a sus enemigos dentro de las fronteras, y mucho menos luchar contra otros estados.
Tilly plantea el monopolio de la extracción por parte del estado como la burocratización fiscalizada y el saqueo como las formas de enriquecimiento del estado En el estado fallido estos burócratas están corrompidos por la corrupción, por lo cual los dineros no llegan al estado sino son malgastados en contratos exagerados o en obras innecesarias con el fin de fortalecer a una clase oligárquica que paga por obtener estos puestos al gobierno, además el gobierno se concentra en el saqueo
Tilly plantea que durante la formación de estado moderno europeo, este apareció como un estado mafioso el cual saqueaba y amenazaba a sus habitantes, para que pagaran impuestos a cambio de protección, la cual podía ser en contra de los enemigos del protegido y del protector. En el estado fallido el enemigo es el propio estado puesto que no provee servicios y bienes a el pueblo y se encarga de saquear para poder acumular recursos, pero estos no son invertidos en protección, sino que van a las arcas de la oligarquía
Tilly plantea que la consolidación como estados de los países del tercer mundo, va a ser diferente que como fue la de los países europeos , puesto existe una relación de dependencia entre el tercer mundo y el primero que evita el desarrollo de este, Existe una dependencia entre el primer y el tercer mundo, y en el caso que termina la ayuda de los países desarrollados a los débiles, estos se precipitan al colapso, como ocurrió tras la caída de URSS en África, Asia y los Balcanes

Obras Citadas:

  • MARTIRÉ, Eduardo. 1808: La Clave de la Emancipación Hispanoamericana (Ensayo Histórico-Jurídico). Buenos Aires: El Elefante Blanco, 2002. p. 9-58.
  • SOUSA SANTOS, Boaventura de y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las Justicias. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2001. v. 2.
  • “Pacto de Ralito”
  • ACTA DE INDEPENDENCIA del Cabildo Abierto del 20 de Julio de 1810. [documento WWW]. [consultado el 13 de Febrero de 2009]. Disponible en <http://www.bibliotecapiloto.gov.co/bib_virtual/independencia.htm/&gt;
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La Historia Oficial: Preguntas sobre el pasado de un pueblo

Título Original: La Historia Oficial

Duración: 112’

País: Argentina (1985)

Director: Luis Puenzo

Reparto: Norma Aleandro, Hector Alterio, Chela Ruiz, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana, Patricio Contreras, Guillermo Battaglia, Leal Rey.

Premios: Oscar y Golden Globe a la mejor película extranjera en 1986.

¿Qué pasaría si un día empezáramos a ver nuestro pasado y el de nuestra sociedad desde otros ojos? ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta que lo que creemos es la realidad y solo es una versión de los hechos y la otra versión no ha podido ser contada ni escrita porque no es la historia de los “ganadores” —porque no es la historia oficial—?

Esto es lo que le sucedió a Alicia, el personaje principal de Historia Oficial, film argentino de 1985 dirigido por Luis Puenzo. Ella era profesora de Historia de Argentina en un colegio de Buenos Aires en 1983, mientras que la dictadura militar argentina llegaba a su fin y la guerra de las Malvinas acababa de concluir el año anterior. Alicia en la clase que impartía evaluaba a sus estudiantes por el conocimiento que tuvieran de la historia de Argentina, pero ese conocimiento tenía que estar basado en libros para que ella le diera una buena calificación. Costa —un joven crítico de la historia inconforme con la mala nota que le puso su profesora [Alicia] porque según ella, su trabajo se alejaba de lo que decían los libros de historia y no probaba lo que escribía— protesta diciendo: “[…] No hay pruebas porque [la historia] la escriben los asesinos”.

¿Cuáles asesinos? Alicia empezará a indagar la respuesta después de oír las palabras de Ana —una vieja amiga quien regresa de Venezuela luego de una década— que le contaron las torturas que recibió ella y muchas otras mujeres, muchas de ellas embarazadas, quienes eran “despojadas de sus hijos, de los cuales ,en muchos casos ,se apropiaban los secuestradores” (Romero 288). Estos secuestradores no figuraban en la historia que Alicia creía conocer pero que ignoraba, porque como la historia la escriben ellos —“los asesinos”— y era una historia que pretendían mantener oculta para no comprometerse y “lavar su imagen” quedando como los Reorganizadores de la Nación[1] quienes lograron “eliminar el problema de raíz” (Romero 283).

A medida que Alicia empieza a indagarse, va cuestionando también a Roberto, su esposo, sobre la procedencia de su hija Gaby. En esta búsqueda, Alicia conoce a Sara Reballo, una madre que perdió a su yerno, a su hija y al bebé que llevaba en su vientre, una madre que pertenece a las Madres de Plaza de Mayo, “un poderoso movimiento cultural” (Robben 45) que por “(l)a ‘angustiada búsqueda de sus relativos’ se convirtió en un aspecto supremo de la oposición política” (45). Y en esa búsqueda toda la historia que Alicia creía ser real, además de ser la versión “oficial”, era la versión escrita por los “asesinos”. “El trauma masivo de la guerra sucia ha minado la confianza del pueblo en las autoridades del Estado, en sus semejantes, y tal vez en sí mismos” (Robben 97). Alicia ya no sabía en qué creer, ya no creía en sí misma ni en su esposo ni en las autoridades del Estado porque sabía que Gaby no era su hija, sino era hija de una desaparecida que podía ser la hija de Sara.

El mayor logro de Historia Oficial, es que es un film que se atrevió a hablar en un momento en el que paradójicamente la historia oficial[2] prefería callar —y acallar las versiones no oficiales de lo sucedido—. Se convierte en una voz que se pregunta que pasó y no acepta la versión oficial porque quiere saber más —tal como el personaje de Alicia hizo— cuestionando al auditorio, sea de Argentina, de Colombia o de cualquier país, sobre lo que se sostiene como la verdad y lo que a veces se olvida[3] respecto de nuestro pasado, un “[…] pasado traumático que[4] amenaza con convertirse en ‘indigerible’ mientras que las lamentaciones continúan siendo debilitadas porque una sociedad que no asume la responsabilidad por sus muertos, no puede nunca creer en los vivientes” (Robben 97).

OBRAS CITADAS

  • Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: FCE, 2005.
  • La Historia Oficial. Dir. Luis Puenzo. Actores Norma Aleandro, Hector Alterio, Chela Ruiz, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana, Patricio Contreras, Guillermo Battaglia, Leal Rey. DVD. 1985.
  • Robben, Antonius C.G. M. y Suárez-Orozco, Marcelo M. Cultures under Siege: Collective Violence and Trauma. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
  • Robben, Antonius C.G. M. Political Violence and trauma in Argentina. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2005. (Este libro no está citado directamente en el trabajo pero lo utilicé para obtener un conocimiento más profundo de la historia de Argentina)
  • Romero, Luis Alberto. Breve Historia Contemporánea de la Argentina. Buenos Aires : FCE, 2000.

[1] Con “Reorganizadores de la Nación” me estoy refiriendo a la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, que desde su posesión el 24 de marzo de 1976, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado Proceso de Reorganización Nacional y designó presidente al general Videla (Romero 283).

[2] “Válgase la redundancia”.

[3] Cabe recordar la frase de Renan citada por Benedict Anderson: “Olvidar Recordando”.

[4] Negritas son mías.

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El Sentir de los Sentires

Considerarnos colombianos, venezolanos, mexicanos o americanos no es algo que sea realmente natural. No siempre fue verdad, y difícilmente es, que los habitantes de lo que hoy llamamos América se sintieran verdaderamente americanos o que los habitantes de la que fue la Nueva Granada fueran siempre colombianos, para que esto sucediera se requirió de mucho tiempo y de muchos hechos que se fueron cristalizando en la conciencia de los habitantes de estas tierras, como una noción o sentimiento unificador: el sentimiento de Nación.

El sentirse parte de una nación, sentirse colombiano o americano, es una experiencia unificadora porque evoca el sentirse parte de, estar en y compartir con[1]. De acuerdo con Benedict Anderson, Nación es una “comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (Anderson 23) entonces, estas tres experiencias por mí propuestas serían sentimientos que existen en una “comunidad imaginada” y que definen por tanto a los sujetos que los viven. También sería bueno analizar la penetración de éstas tres formas de sentir (ser parte de, estar en y compartir con) en un mismo elemento que es considerado por muchos historiadores como Nacionalismo.

Sentirse parte de, es un sentimiento muy fuerte porque le confiere al individuo cierta identidad. Esto se ve en la época de la Edad Media en la cual tener un lugar en un Estamento o Feudo era causa de privilegios y características del sujeto, por ejemplo, quien se encontraba en el nivel más bajo, era el “Siervo de la Gleba” y tenía únicamente el derecho a la seguridad a cambio de sus servicios al Señor.

Sentirse parte de, era un anhelo de los españoles de América[2], quienes se sentían iguales a los Españoles de España, pero eran apartados por ellos de todas las actividades económicas y políticas; no tenían acceso a los cargos públicos, que les eran negados, pero se consideraban idóneos para desempeñarlos. No se sentían parte de una comunidad española, se sentían parte de una comunidad americana, lo que les daba una identidad diferente y nueva frente a una figura española de antaño, constituía la “liquidación de los opuestos conceptuales”[3] de sus “realidades imaginadas”[4](Anderson p). En proclamación de esa identidad propia, de la cual eran parte de, los criollos se Independizaron de esa autoridad de la metrópolis y se recrearon en su imaginación, “un estado de vida en la que la nación se considerara como algo totalmente nuevo” (Anderson 267).

Estar en, significa el sentimiento que el individuo de hoy y el “criollo” del siglo XIX tienen cuando están viviendo en un territorio el cual sienten como suyo. Los criollos de la época de la Independencia (siglo XIX), gracias a la Expedición Botánica “adquirieron así conocimientos sobre sus países y descubrieron las riquezas y las posibilidades que ofrecían sus propios territorios” (König 15). Al descubrir el territorio que les rodeaba y estar conscientes de las riquezas,  los “Criollos” empezaron a sentir que estaban en una tierra que les pertenecía y que defenderían de las manos de quienes no estaban en ella, de quienes no habían nacido allí. (…) Rechazaron cada vez más el concepto de que había que impulsar el desarrollo económico de las colonias para bien de España (König 16).

Sentir, el compartir con, anuncia que el sentirse parte de y el estar en, son experiencias no individuales, sino colectivas que existen de manera significativa cuando “en la mente de cada uno se vive la imagen de la comunión” (Anderson 23).

“La imagen de la comunión” es experimentada por individuos que se dan cuenta que tienen cosas en común, imaginándose como Nación (Anderson 23). Lo anterior significa el sentir que se comparte con el otro, con el prójimo, con el semejante y en la medida que esto sucede, el compartir con hace que el individuo se sienta importante en un colectivo, que no se sienta solo y que sea importante. En este caso, la nación se percibe “siempre como un compañerismo profundo” (Anderson 25).

No podría decir lo mismo, mejor de como lo dice Benedict Anderson para referirse a América y en especial, al período protagonizado por los criollos en su “emancipación”: “Es ésta fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, que tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas” (Anderson 25).

A pesar del sentirse parte de, estar en y compartir con, es imposible pensar en los “Criollos” solo como “Criollos” o en los americanos únicamente como americanos. Tanto en el siglo XIX como hoy, había en toda América diferentes razas –blanca, negra indígena, mestiza, zambo, mulato-; diferentes credos; orígenes –nativos, europeos, africanos-; costumbres, intereses. No es igual el Criollo de Santa Fe que el Criollo de Antioquia. Es imposible hablar de un Nacionalismo antes que hablar de un Regionalismo o de unos particularismos locales.

El Regionalismo en el siglo de la “Emancipación” de la Nueva Granada era parte de “La imagen de la comunión” que tenían sus pobladores. Era más común que el sentirse parte de, el estar en y el compartir con no se refiriera a los americanos o a los criollos como “comunidad imaginada”; no al país o a la Nueva Granada como territorio de la comunidad, sino más bien, a los antioqueños o a los santafereños; a Antioquia o a Santa Fe.

Los Regionalismos hacían difícil la conformación de una comunidad americana o criolla, que facilitara la unión para hacer la fuerza que se enfrentara contra la Metrópolis. También fue causa de la división que hubo entre Federalistas y Centralistas quienes lucharon entre sí por el poder del Estado nacional que pretendían fundar. Una lucha que facilitó la reconquista por parte de los españoles en 1816.

Este Regionalismo, y a la larga el Nacionalismo, sería incompleto por lo que dejo a la saga a nuestros ancestros los Indígenas y a los Afrodescendientes, por las limitaciones de espacio y de tiempo. Valga formularse una pregunta final: ¿Es posible considerar a Colombia un país donde hay un solo gentilicio?

OBRAS CITADAS

  • Anderson, Benedict. Comunidades Imaginadas: Reflexiones sobre l origen y la difusión del nacionalismo. México: FCE, 2005.
  • Hobsbawm, Erick. Naciones y Nacionalismo desde 1870. Trads. Jordi Beltrán. Barcelona: Crítica, 1991.
  • König, Hans-Joachim. “Los Movimientos de Independencia Hispanoamericanos: Actores y Programas” En: Janik, Dieter. La Literatura en la Formación de los Estados Americanos: 1800-1860. Madrid: Bibliotheca Ib

[1] Utilizaré estas expresiones como sustantivos.

[2] Con “españoles de América” me estoy refiriendo a los “Criollos” y más que todo, a sus élites.

[3] Según Benedict Anderson son: “Imperios Dinásticos, instituciones monárquicas, absolutismos, sometimientos, noblezas heredadas, servidumbre, ghettos, etc.”

[4] Para Benedict Anderson, producto de la “confusión americana”, las “realidades Imaginadas” son: “Estados nacionales, instituciones republicanas, ciudadanías comunes, soberanía popular, banderas e himnos nacionales, etc.”

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El Discurso Colonial en los Textos y Documentos de Colón, Vespucci y De las Casas

La llegada de España a Tierra Firme en 1492, por iniciativa de Cristóbal Colón, significó no solo el “Descubrimiento” de éstas tierras (llamadas después América en honor a Vespucci) sino también, el comienzo de un proceso de imposición de la Corona frente a los territorios y población del “Nuevo Mundo” que permaneció hasta entrado el siglo XIX, conocido como Colonialismo.

El Discurso es, según el DRAE, una Doctrina, ideología, tesis o punto de vista. En el caso de la colonización de América, el discurso se convierte en tesis o puntos de vista que justifican los propósitos colonizadores. En éste informe, se analizará el Discurso Colonial implícito en las Cartas y Documentos de Viaje de tres personajes clave en el Descubrimiento de América y en la Colonización: Colón, Vespucci y De Las Casas.

Colón, llegó por primera vez a Tierra Firme[1], encontró a unas personas –a quienes llamó “Indios”- que no tenían ni “fierro ni acero” ni armas y que eran temerosos y cobardes, pero muy generosos. Los indios pensaban que Colón y su tripulación eran venidos del cielo por lo que fueron recibidos con curiosidad y hospitalidad. (Colón 142). Éste estado de naturaleza y de libertad que mostraba Colon[2] de los “Indios” fue usado después como argumento de Fray Bernardo de Mesa, quien en la corte del rey defendió una tesis que afirmaba que el rey debía ayudar a los “Indios” a vencer la holgazanería -que era uno de sus “peores males”-, por lo tanto, “era necesaria cierta clase de servidumbre” (Hanke 50).

 

Vespucci, llegó a las Indias en 1497 con cuatro naves, tocó tierra firme en diferentes partes donde atracó, pero en sus Cartas se infiere que llegó a la isla La Española o como le nombraban los Indígenas: Iti[3]. Para Vespucci, éstas gentes eran “salvajes” o “bárbaras”, pues “carecían de vestimentas”, no tenían autoridad superior ni ley, eran promiscuas, “no tenían iglesias” y “comían carne humana”. Pero las cartas de Fray Bartolomé de las Casas contradice esa afirmación de Vespucci, ya que estos pueblos tenían gobierno, por ejemplo los “caciques” o “reyes” Guacanagarí, Guarionex, Caonabo y la reina Higuanama y los reinos de Marien, Maguana e Higuey (De Las Casas 81-89), referidos por Fray Bartolomé De las Casas y Colón, es decir, al haber gobierno necesariamente tenía que haber un orden o Derecho. De alguna manera, Vespucci escribió esto para justificar la invasión y dominio sobre los indígenas.

Amerigo Vespucci, describió también a las gentes de cada puerto de acuerdo a las reacciones que éstas tenían por la presencia de los europeos. A unos los describe como “ajenos” y “difíciles para la comunicación” pues tenían diferentes idiomas, tantos que se dificultaba la comunicación, inclusive entre diferentes tribus, sin embargo, los atraían con bagatelas para ganarse su amistad (engañarlos con espejos a cambio de oro) a pesar de que eran “guerreros”, con sus armas que labraban a partir de dientes de animales y huesos porque carecían “enteramente de fierros y otros metales”. Una vez conseguido el acercamiento, los nativos compartían amablemente los alimentos con sus visitantes, ellos comían en el suelo sin usar “manteles ni servilletas” y colocando los alimentos en vasijas de barro que ellos mismos fabricaban, eran desapegados, sus riquezas eran las alhajas que los europeos no consideraban como riquezas, “el oro, las piedras preciosas, las joyas y demás cosas de ésta clase que en Europa reputaban por riquezas, no eran estimadas por nada” y “no hacen diligencia ninguna por tenerlas”. Vespucci usaba estas “dádivas” y esta generosidad de los “nativos” para decir que no robaban ni saqueaban sino que los tesoros que venían de los “Indios” era porque éstos se los regalaban. Sin embargo, hay una evidencia en el Altiplano que no todas las riquezas eran dadas a los españoles por simple generosidad: el “Tirano Capitán”[4] secuestró al Cacique Bogotá bajo el pedido de oro y esmeraldas; o el caso de Daitama quien trajo a “dicho cruel hombre cuatro o cinco mil castellanos” (De las Casas 167).

 

De Las Casas, encontró unos nativos amigables, hospitalarios con costumbres muy similares a las descritas por Vespucci. Los “cristianos”, actuaron como fieras destructoras, devoradoras, que hicieron estragos, despoblando, torturando, tomando mujeres e hijos para mal uso como violaciones sexuales de las éstas y consumían la “ración de 30 nativos” por día. Todas estas atrocidades fueron comunicadas al príncipe Felipe, e inclusive por el arzobispo de Toledo, cuando era obispo de Cartagena, pero De Las Casas, excusa  a su Majestad, cuando escribió: “(…) pero por los largos caminos de mar y de tierra que Vuestra Alteza ha emprendido, y ocupaciones frecuentes reales que ha tenido, puede haber sido que, o Vuestra Alteza no las leyó[5], o que ya olvidadas las tienes” (De las Casas 72). De lo anterior se puede inferir que De las Casas estaba justificando la ignorancia del rey sobre los sucesos y atrocidades ocurridas en Indias para lavar la imagen del Rey frente a la historia al hacerlo ver como inocente de los crímenes cometidos por sus súbditos y conquistadores.

 

De Las Casas, veía en ellos buenos “creyentes” porque eran “mansos” y “crédulos” como ovejas en una jauría de “Lobos”, ésta especie de pasividad permite inferir que era una condición que hacía de los “Indios”  buenos “Creyentes”. Esto es una evidencia de “la razón de ser de la conquista colonial” (Ferro et al. 61).

 

Para concluir éste informe, no es posible abstraerse del contexto que se vivía en esa época: España en 1492 acababa de expulsar a los “Moros” de su territorio, el Reinado de los Reyes Católicos se estaba consolidando en las manos de Felipe II de Aragón y de Isabel I de Castilla, se necesitaba dinero para financiar el creciente reinado que unificó España y una forma de obtenerlo era por un proyecto que habían escuchado de un hombre llamado Cristóbal Colón, quien prometía dar solución a tantos problemas con la sola financiación de un viaje a Oriente para llevar a España oro y riquezas. Estos fines económicos son los verdaderos motivos que impulsaron a la Corona de España a saquear y acabar con las riquezas de América contra todo lo que se interpusiera para este fin. Este proyecto estaba concertado estratégicamente, no hay excusa para que la Corona pretenda disculparse que sus encargados obraron por su propia cuenta, a espaldas del rey, como lo pretendió hacer creer Fray Bartolomé de las Casas, pues éste en nombre de la Iglesia, lo que hizo fue “santificar” la imagen de la Corona frente a la historia, porque no se explica que Fray Bartolomé de las Casas hubiese denunciado tantos crímenes por parte de sus coterráneos los Conquistadores y no corrió con la misma suerte de los “Indios”.

Éste Discurso Colonial,  visto en los Textos y Cartas de Colón, Vespucci y De Las Casas son una manera de distraer la atención de la Historia frente a tantos crímenes cometidos con ánimo de lucro colonizador. Colón y Vespucci ocultaban, detrás del “Telos Evangelizador”, el “hambre  por el oro” y “el hambre por el sexo” (Ferres et al 54).

OBRAS CITADAS

  • Bénot, Yves. “La destruction des Indiens de l’aire caraïbe”. Le Livre Noir du colonialisme. Ed. Marc Ferro. Paris: Hachette Litteratures, 2003. 54-61.
  • Colón, Cristóbal. “Textos y documentos completos. Relaciones de viajes, cartas y memoriales”. Ed. Consuelo Varela. Madrid: Alianza, 1984.
  • De las Casas, Bartolomé. “Brevísima Relación de la Destruición de las Indias”. Ed. André Saint-Lu. Madrid: Cátedra, 2005.
  • Hanke, Lewis. La Lucha Española por la Justicia en la Conquista de América. Madrid: Aguilar S.A., 1959.
  • Vespucio, Américo. “Cartas de Vespucio”. Trads. Martín Fernandez de Navarrete y Enrique Uribe White. Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia, 1942.


[1] América.

[2] Vespucci asemejaba también este estado de naturaleza y  extrema al afirmar que los “Indios” eran “salvajes” o bárbaros”, que “carecían de vestimentas”, que eran promiscuos y que no tenían autoridad ni ley.

[3] Haití.

[4] De las Casas se refería de ésta forma a Gonzalo Jiménez de Quesada.

[5] Cartas que De Las Casas envió por intermedio de Juan Martínez Guijarro, arzobispo de Toledo, a Carlos V. (De las Casas, 72)

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El destape político de María Isabel

[1]Sin ponerse un poco de pudor, María Isabel Rueda resolvió “destacarse políticamente”. Desde el comienzo hasta el final de su artículo, El destape político de los obispos[2], donde le dice, más bien le presenta “formalmente una protesta” al monseñor Pedro Rubiano para abajo, pasando por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rubén Salazar, que se limite a “cumplir su papel pastoral” y que no entren en “terrenos movedizos” o “delicado(s)” al conceptuar sobre los sucesos actuales de la política nacional lo cual según María Isabel Rueda, “(n)o es conveniente” que “la Iglesia se esté tomando la atribución de hacerlo desde los medios con la disculpa de estar defendiendo el bien común”.

Con la libertad que me da la Constitución –específicamente el Artículo 20- de expresarme libremente y que por lo tanto, me permite presentar formalmente una “voz de protesta” contra el artículo de María Isabel Rueda porque en él, ella está descalificando la opinión válida de la Iglesia Católica y de sus miembros respecto del contexto político actual, más específicamente, respecto de la reelección y de las “conveniencias políticas del país”.

Así como no me gustan las columnistas que presentan “formalmente una protesta” en contra de las opiniones de una congregación que tiene el derecho de “expresarse libremente”, solo por el hecho de serlo, descalificándola y quebrantando ese derecho fundamental que es también propio e indispensable de las democracias, que todos los colombianos poseemos por igual, basados en el principio de igualdad consagrado en el Artículo 13 de la Carta Política, seamos, o no, curas o políticos; tampoco me gusta, ni me ha gustado ni me gustará leer a una que otra columnista que en un párrafo dice ser una “colombiana antirreelecionista” y que más abajo dice que lo único que falta es “que los obispos pongan ahora a Dios en contra de la reelección”. Lo que me queda es preguntarle a esa misma columnista si en verdad está en contra de la reelección como dice o no,  porque descalifica las opiniones claramente “antirreeleccionistas” -como las que ella misma dice defender- del monseñor Pedro Rubiano y del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rubén Salazar quienes “le han dicho al presidente Uribe que no se haga reelegir porque al país no le conviene”.  “Es como” –como usted mejor diría- “ser al mismo tiempo de Santa Fe y de Millonarios. O estar con los Montescos y con los Capuletos. O ser capitalista y comunista. O laureanista y ospinista. O nacionalista e histórico. O ir por el torero y por el toro. O ser estalinista y trotskista. O admirar a Mozart tanto como a Salieri. O ser bogotano y querer a los paisas. O ser moro y cristiano. O keynesiano y monetarista. O creer que María Callas era tan talentosa como Renata Tebaldi. O ser antirreeleccionista y reeleccionista[3].

Aunque la Iglesia y el Estado colombiano se hayan separado después de casi dos siglos, esto no significa que el Estado pueda desconocer, sin más argumento que “los curas no se pueden meter en la política”, las opiniones de los miembros de la Iglesia Católica o de cualquier otra, a razón de ser hoy Colombia, según el Artículo 1 de la Constitución, un “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. También porque la Iglesia, es una institución que ha influido muy profundamente en la sociedad colombiana por medio de la fijación de parámetros morales que todavía siguen muy vigentes, la Iglesia está compuesta también de notables personas como el Monseñor Pedro Rubiano Sáenz quienes para poder alcanzar los méritos que implica llevar la “sotana” y poder profesar la religión han tenido que instruirse mucho, por lo tanto sus opiniones,  -como la de los demás obispos, presbíteros, diáconos, sacerdotes, monseñores y curas, e incluso del Papa- respecto de la política [nacional como internacional] no pueden ser ignoradas sin más, sino que deben ser puestas a consideración por un “Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria” que dice ser “democrática, participativa y pluralista”.

También hay que tener en cuenta que miembros de la Iglesia Católica han tenido un papel muy importante dentro de nuestra política como es el caso del Monseñor Pedro Pubiano Sáenz, quien con su “famosa parábola del elefante” dio, según usted, un “categórico concepto moral sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña samperista”. Éste concepto fue muy importante en el contexto nacional, porque a partir de él, se pudo extender la noticia que algo estaba mal con el gobierno y que algo debía ser hecho por los colombianos para evitar que siguiera siendo así. Cosa que nunca pasó, pero que sembró un precedente muy valioso acerca del poder que tiene la Iglesia para instruir a los colombianos a darse cuenta de las cosas que pasan en el gobierno. Precedente que debe ser retomado en el contexto político actual de la reelección.

Cuando usted escribe que los prelados colombianos deben “quitarse sus sotanas” antes de “destaparse políticamente” usted estaría diciendo algo parecido a que el Presidente debe renunciar -o “quitarse la investidura” presidencial- antes de poder orar o invocar a Dios en sus consejos comunitarios, porque como él no tiene estudios de Teología o de Filosofía y como no pertenece a ninguna orden religiosa como es el caso de un monseñor o de un cura, no puede manifestar su credo. Imagínese usted que el Presidente de la República tenga que presentar una Acción de Tutela porque no se le deja ejercer su libertad de culto ni el libre desarrollo de su personalidad, violando los Artículos 19 y 16 de la Constitución: ese sería el “colmo de los colmos”.

Cuando usted dice eso [“quitarse sus sotanas”] quiere decir que los prelados colombianos no pueden abordar ningún tema político a menos de que estén desvinculados de la congregación, porque mientras no sea así, son inhábiles de hacerlo, pero eso significaría que ellos estarían en una desventaja para poder expresar su opinión política, como todo “Zoon Politikon”, frente a la comunidad porque mientras unos pueden opinar libremente y elegir algún partido político, ellos no tienen este derecho, lo que viola los Artículos 13 y 20 de la Carta Política al ser una especie de discriminación y una especie de censura.

No es conveniente que haya columnistas que se estén tomando la atribución de presentar “formalmente una protesta” en contra de la opinión válida que tiene una institución como la Iglesia sólo porque ésta debe estar separada del Estado, y por consiguiente, de la política. No es conveniente que haya columnistas que, con la disculpa de estar defendiendo el bien común, estén afectando el derecho fundamental que tienen los miembros de una congregación de expresarse libremente acerca de la política del país, como bien pueden hacerlo otros grupos como los sindicatos, las fundaciones, las ONG’s, las comunidades indígenas, entre otros grupos; ya que estamos en un Estado Social de Derecho, cuya Constitución dice, que es democrático, participativo y pluralista.

SE ME OLVIDA: Si no le permitiéramos a la Iglesia o a sus miembros, conceptuar sobre la política, sería lo mismo que no permitirle a los líderes de las comunidades indígenas -quienes muchas veces son sumo sacerdotes de sus propios cultos y por tanto representan también una religión- expresarse libremente o, peor aún, no permitirles que sean partícipes del derecho a “elegir y ser elegidos” presente en el Artículo 40 de nuestra Carta. Entonces, con base en el principio de Igualdad presente en el Artículo 13 de la Constitución: si a los miembros de la Iglesia Católica no se les permite expresarse libremente sobre la política, tampoco se les puede permitir a los líderes de las comunidades indígenas, quienes profesan una religión (diferente de la católica, claro), opinar respecto de la política y mucho menos, tener la posibilidad de representar a sus comunidades en el poder. Esto sería finalmente, ir en contra de los principios de la Democracia.

ARGUMENTOS UTILIZADOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR:

  • Argumento por Regla de Justicia
  • Argumento del Ridículo (contradicción)
  • Argumento Pragmático


[1] Nota: En éste ensayo me expreso de manera sarcástica y un poco irónica. También llega un momento en el que cambiaré la tercera persona a la segunda persona para referirme a María Isabel Rueda. No se incomode, solo disfrute el artículo.

[2] Rueda, M. I. (2009, abril). El destape político de los obispos. Recuperado el 21 de abril de 2009, del sitio Web de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/

[3] Rueda, M. I. (2009, febrero). Llegó la hora de partir cobijas. Recuperado el 21 de abril de 2009, del sitio Web de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/

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¿La política de ascenso y de incentivos a Militares con base en la baja de presuntos integrantes de grupos insurgentes es Constitucional?

Introducción.

Con la postulación del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se adoptó en nuestro país la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”[1]. Según ésta, el Presidente describe sus estrategias para “recuperar el orden y la seguridad –requisito real de las libertades y los derechos humanos-“. El numeral 132 de ésta Política dice lo siguiente: “…se ha puesto en práctica un programa de recompensas para aquellas personas que, como informantes de los organismos de seguridad del Estado, den a conocer información que conduzca a la prevención de atentados terroristas o a la captura de los integrantes de las organizaciones armadas ilegales…”.

En desarrollo de éste plan se expidió el Decreto 1400 de 2006 por el cual se crea la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional Boina: “Artículo 2°. Operaciones de importancia nacional. Para efectos del presente decreto, se consideran de importancia nacional aquellas operaciones en las cuales se logre la captura de los cabecillas de los niveles I y II que se encuentran determinados en la Directiva expedida por el Ministro de Defensa Nacional” [2]. Este Decreto fue Derogado por el Decreto 1664 del 14 de Mayo de 2007[3].

En éste orden de ideas, queda claro que en éste Gobierno se implementaron unas políticas de incentivos para una mayor productividad Militar. El Pueblo Colombiano y el Mundo se sorprendieron cuando el Presidente Álvaro Uribe anunció el 29 de Octubre de 2008 la destitución de 27 militares por una situación que se salió de las manos de las políticas de incentivos: Los llamados “Falsos Positivos”. Así lo atestiguaron los principales diarios del planeta:

  • El País de España: “El gobierno colombiano destituye a 27 militares por el asesinato de una veintena de jóvenes”[4].
  • El Mundo de España: “Álvaro Uribe purga a 25 militares por el asesinato de falsos guerrilleros en el Ejército”[5].
  • New Herald de Estados Unidos: “Los casos de inocentes que desaparecían y a los pocos días caían muertos en supuestos combates y eran sepultados por el Ejército en fosas comunes comenzaron a reportarse en el 2002 por organizaciones defensoras de derechos humanos y a comienzos de este año arreciaron las denuncias”[6].

 

El Escándalo de los “Falsos Positivos.

Lo extraño es que éste escándalo se presenta mucho después de haberse presentado varias denuncias de diferentes fuentes. El “INFORME PRELIMINAR DE LA MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES E IMPUNIDAD EN COLOMBIA[7]” de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), del 10 de Octubre de 2007 -un año antes de la explosión mediática- ya verificaba la existencia de ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. Sin embargo, la anterior investigación exploratoria no arrojó un solo artículo de decreto o ley alguna que faculte a los militares a recibir incentivos económicos por las bajas de presuntos integrantes de grupos insurgentes. Solo se menciona en el informe anterior la existencia de “incentivos económicos, profesionales y premios por presentación de “positivos”[8].

Cuando existe norma que faculta a una autoridad para cumplir determinadas funciones se dice que esa autoridad tiene competencia funcional. Lo grave en éste caso es que aparentemente, ni siquiera hay una norma que autorice los incentivos por bajas de presuntos guerrilleros, hecho extremadamente grave para cualquier Estado de Derecho. Y aún así, es más grave que Colombia registre tales excesos cuando precisamente una de las estrategias del Gobierno para saltar al Desarrollo de la Sociedad con visión al año 2019 es precisamente “garantizar la protección de los ciudadanos”[9].

Ésta Política de Incentivos, que estratégicamente puede servir para aumentar la efectividad de la lucha contra los grupos insurgentes, se ha ido en detrimento de la Población Civil que debe proteger. Pues los Militares, tentados por los beneficios económicos y de su Carrera abusan de ésta estrategia cometiendo actividades consideradas como “Paramilitares”. En éste momento, la sociedad se encuentra en estado de confusión porque ya no sabe si se trata de bajas del Ejército a verdaderos integrantes de grupos insurgentes, de ajusticiamientos Paramilitares o de venganzas entre el crimen organizado como hemos visto en casos como el del Coronel Mejía[10], quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente colaborar en operaciones con “Jorge 40”.

Hechos como estos abundan en el país, e inclusive se han presentado casos por las razones más tontas, como el testimonio del Soldado Luis Esteban Montes[11] quien asegura que su hermano, Leonardo Montes, fue muerto por los compañeros del soldado y fue hecho pasar como un Guerrillero: los soldados querían encontrar méritos para poder visitar a sus familias el Día de la Madre.

Frente a todos estos hechos, resulta ineficaz la Administración de Justicia en la que la solución es difícil que llegue. El aparato judicial -como dijo el Ciudadano Presidente en el pasado Consejo Comunal- está muy congestionado con más de tres millones de procesos en todo el país, casi al borde del colapso, a tal extremo que urgiría la intervención Justicia Internacional como lo está haciendo la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso de Thomas Lubanga, un líder congoleño acusado de cometer crímenes de guerra[12].

El Artículo 217[13] de la Constitución estipula que la Fuerza Pública está para proteger el orden Constitucional. Igualmente, los ascensos deben estar determinados por la ley, no por órdenes, ni decretos, ni instrucciones, ni directrices administrativas ni estrategias. En estos casos, en los que no hay una ley que faculta un incentivo y aunque la hubiese, no puede permitir o dar pie a crímenes contra los Derechos Humanos o al abuso de los incentivos, esto, sin más preámbulo, es Inconstitucional.


BIBLIOGRAFÍA


[1]COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política de Seguridad Democrática. [Documento PDF en línea]. (2003). [Consultado 22 de Enero de 2009]. Disponible en <www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf>

[2] Decreto 1400 de 2006

[3] Decreto 1664 del 14 de Mayo de 2007

[4] EL GOBIERNO COLOMBIANO destituye a 27 militares por el asesinato de una veintena de jóvenes. En: El País.com (España). (29 de Octubre de 2008). [Consultado 23 de Enero de 2009]. Disponible en <http://www.elpais.com/articulo/internacional/gobierno/colombiano/destituye/27/militares/asesinato/veintena/jovenes/elpepuint/20081029elpepuint_14/Tes&gt;

[5] ÁLVARO URIBE purga a 25 militares por el asesinato de falsos guerrilleros en el Ejército. En: El Mundo.com (España). (29 de Octubre de 2008). [Consultado 23 de Enero de 2009]. Disponible en <http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/29/internacional/1225286553.html&gt;

[6] ASÍ REGISTRA el mundo la destitución de los militares. En: El Espectador.com. (29 de Octubre de 2008). [Consultado 23 de Enero de 2009]. Disponible en <http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo111901-corte-penal-internacional-cpi-abre-el-primer-juicio-de-su-historia&gt;

[7] COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS. Informe Preliminar De La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. En. Semana.com. (10 de Octubre de 2007). [Consultado 23 de Enero de 2009]. Disponible en <http://www.semana.com/documents/Doc-1695_200899.pdf&gt;

[8] Ob. Cit. Numeral 4.

[9] COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política de Seguridad Democrática. [Documento PDF en línea]. (2003). [Consultado 22 de Enero de 2009]. Disponible en <www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf>

[10] POR FALSOS POSITIVOS, capturan a 15 militares de batallón La Popa. En. ElTiempo.com. (10 29 de Abril de 2008). [Consultado 23 de Enero de 2009]. Disponible en < http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4129928&gt;

[11] “MI HERMANO fue un falso positivo”. En: El Espectador.com. (25 de Octubre de 2008). [Consultado 23 de Enero de 2009]. Disponible en <http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo111901-corte-penal-internacional-cpi-abre-el-primer-juicio-de-su-historia&gt;

[12]CORTE PENAL Internacional (CPI) abre el primer juicio de su historia. En: El Espectador.com. (26 de enero de 2009). [Consultado 26 de Enero de 2009]. Disponible en <http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo111901-corte-penal-internacional-cpi-abre-el-primer-juicio-de-su-historia&gt;

[13] Artículo 217 de la Constitución Política de Colombia.

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Ante el problema de la impunidad y la incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público, ¿es una buena alternativa la solución que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una limpieza social?

pregunta[1] que está planteada en el título de este ensayo y que debo responder, requiere para ser contestada, que sea aceptado el supuesto del que parte: que en Colombia hay un problema de impunidad y una incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público. Pero vale la pena preguntarnos: en la actualidad en la que se presenta como alternativa la solución que proponen[2] los grupos de autodefensas[3] quienes pretenden llevar a cabo una limpieza social”, ¿existe un “problema de impunidad” y una “incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público”?

Si la respuesta fuera afirmativa, ¿puede considerarse como “buena alternativa la solución  que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social”?. Más que “buena”, ¿esta concepción [“alternativa” / “solución”] es constitucionalmente —y por lo tanto, legalmente— válida?

Por otro lado, esta cuestión no está planteada de manera que sea un Problema Jurídico sino moral en tanto que evalúa con juicios de valor como “buena” o mala la “solución violenta que presentan los grupos […] que pretenden llevar a cabo la limpieza social”. Juicios de valor que son subjetivos, en consecuencia limitan el debate[4] a convencer al auditorio no por medio de argumentos basados en la razón sino a través de las emociones y de las propias concepciones de cada quien. Como no es un Problema Jurídico, no es apropiado que se debata alrededor de él en una clase de Derecho como Lógica y Retórica en la que es regla que en todas las evaluaciones los estudiantes proporcionen argumentos jurídicos basados en el ordenamiento jurídico colombiano (válgase la redundancia).

 

¿Existe un “problema de impunidad” y una “incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público”?

La palabra “Gobierno” en nuestro contexto nacional, indistintamente de su significado, general y erróneamente, se utiliza para referirse a la “Rama Ejecutiva”, al “Presidente”, a los Alcaldes, a los Gobernadores y al “Estado”. Por otro lado, “Estado” —según el Tratado de la Convención de Montevideo de 1933— es “un conjunto de atributos jurídicos”[5] como “A) una población permanente; B) un territorio definido; C) un gobierno; y D) la capacidad de entrar en relaciones con los otros estados”[6]. Mientras que Gobierno tiene un significado y Estado otro, en el supuesto del que parte el título de este ensayo, no se puede utilizar la palabra “Gobierno” para referirse al Estado, que en el supuesto de la pregunta, sería el que realmente padece el “problema de la impunidad” y no puede solucionar los “problemas de orden público”. El Estado es el que —en la situación de la que parte el título de este trabajo— no puede garantizar los “principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y no puede “mantener la integridad territorial ni[7] asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, entonces, en el planteamiento de la cuestión, se estaría considerando a Colombia —desde la teoría de diversos estudiosos contemporáneos como Robert I. Rotberg— como un “Estado Fallido o Fracasado”, que en términos lacónicos es “un Estado que tiene grandes dificultades para [o que no puede] mantener el monopolio de la fuerza y garantizar la eficacia de su sistema jurídico”[8], considerando al Estado Colombiano como incapaz de cumplir con los fines esenciales consagrados en el Artículo 2 de la Constitución[9] Política de 1991, porque hay impunidad, porque no hay garantía de los “principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”; y porque [el Estado] no puede solucionar los problemas de orden público ya que no mantiene la “integridad territorial ni[10] asegura la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

El contexto político de la República ha estado, desde finales de los 60’s hasta la actualidad, enmarcado en la violencia proveniente de diferentes actores —quienes en palabras de Tilly—buscan el “control del territorio” y el “monopolio de la fuerza”[11]: el Estado[12], los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y los cárteles del narcotráfico. Este contexto político parece hoy estar más debilitado desde la llegada del Presidente Álvaro Uribe Vélez al poder en 2003, impulsando la “Política de Seguridad Democrática”, que ha dado gran importancia a la Seguridad como “requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos”[13] y que ha logrado, en virtud de la Ley 975 de 2005 [o Ley de Justicia y Paz], desmovilizar miembros de las FARC, de las AUC, del ELN y de otros grupos “al margen de la ley”. Al lograr esto, el Estado Colombiano, ha ido disminuyendo las filas de estos grupos lo que ha permitido que el conflicto armado se reduzca considerablemente, permitiendo que el Estado logre mantener casi toda la “integridad territorial” y logre cada vez más la garantía de los “principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.

La Política de Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz, sumadas al combate militar encarado contra los “grupos al margen de la ley”, han logrado disminuir la violencia y reducir la amenaza que estos grupos constituyen para la unidad del Estado Colombiano. Pero por otro lado, éste combate frontal contra estos “actores armados paraestatales” ha generado, luego de la desmovilización de varios de sus miembros y su incorporación a la vida civil, otros grupos armados conformados casi en su totalidad por los “ex integrantes” de estos grupos “al margen de la ley”, tal y como lo confirma el Informe No. 1 de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)[14] de Agosto de 2007.

Es evidente que Colombia ha tenido gran avance en la Ley de Justicia y Paz; y que los “derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública”, tal y como lo confirmó recientemente la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en su informe anual[15]. Por la disminución del conflicto armado, la reparación de sus víctimas[16] y la garantía de los Derechos Humanos por nuestro Estado ese contexto de completa impunidad e incompetencia del Estado para solucionar los problemas de orden público —que supone la pregunta del título— no hace parte del tiempo presente del Estado y por lo tanto no se puede utilizar para responder la pregunta formulada en el título de éste trabajo por estar esta formulada para responderse en un momento actual en el que han aparecido nuevos grupos armados que presentan como “alternativa la solución […] de[17] llevar a cabo una  limpieza social”. Ahora bien, para poder responder la pregunta del título, cabe plantear otro contexto muy diferente a que en Colombia hay un problema de impunidad y una incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público.

 

¿Puede considerarse como “buena alternativa la solución que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social”?

Más arriba probé que el Estado Colombiano no es un Estado para el que se pueda decir que hay un contexto de completa impunidad e incompetencia para solucionar los problemas de orden público —como expresa la pregunta de la que parte este ensayo— porque se han logrado mejoras en cuanto a la garantía de los derechos humanos y en cuanto a la seguridad [orden público], mejoras que han sido reconocidas por la misma Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en su informe anual.

A pesar de haber probado esto, voy a plantear la situación en la que el Estado Colombiano es un Estado incapaz de garantizar la justicia [hay impunidad] y es un Estado incapaz de combatir los problemas de Orden Público, por lo que se forman grupos de “autodefensas” o “paramilitares” que “pretenden llevar a cabo la limpieza social”, asumiendo por sí mismos la Justicia y las funciones que hoy le conferimos a la Fuerza Pública [especialmente a la Policía]. Asumamos esto.

Los Panfletos entregados por estos grupos —que “pretenden llevar a cabo la limpieza social”—anuncian que el regreso de la “limpieza social” es contra jóvenes, prostitutas, drogadictos, delincuentes y homosexuales —y ocasionalmente contra toda la comunidad en general porque sus comunicados afirman “Le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes” y porque obligan al toque de queda después de las 10 p.m—.

Voy a intentar aproximarme a una valoración jurídica de esta “solución que presentan [estos grupos]” para no incurrir en valoraciones morales o subjetivas y para poder lograr esto, prefiero dejar atrás el término “buena” por “constitucionalmente” / “legalmente” válido en tanto que estos valoran la limpieza social y el accionar de estos grupos no desde el punto de vista de la moral[18] sino desde el punto de vista de la adaptación de este accionar en la legalidad del ordenamiento colombiano.

Las Bacrim (bandas criminales emergentes) con la “alternativa” de “llevar a cabo una limpieza social”, están rompiendo con todo el marco de legalidad colombiano en tanto que violan la Constitución y la Ley Penal, y además, los tratados y estatutos internacionales ratificados por Colombia sobre Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma.

La “Limpieza Social” que adelantan estos grupos en diferentes barrios de Bogotá y de otras ciudades de Colombia son una clara violación del Derecho Fundamental a la Vida consagrado en el Artículo 11 de la Constitución[19] y en el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[20] porque constituyen la interrupción de la vida y son una especie de penas de muerte o una “justicia ejemplarizante”[21] porque con la “limpieza” de la sociedad, las Bacrim pretenden instalar un modelo social [ejemplo] libre de individuos como “Ladrones, viciosos, violadores, jíbaros y prostitutas”[22].

Quepa recordar que estos grupos no tienen la legitimidad ni la soberanía para imponer sus reglas a la comunidad y mucho menos, su “Justicia” basada en la “limpieza social” porque no han sido elegidas por voto popular por el poder constituyente [pueblo] ni han obtenido el poder del Estado por medio de las armas. Ni siquiera si tuvieran la legitimidad o la soberanía, podrían imponer la “limpieza Social”, porque de ser así, ya no estarían incurriendo en “Terrorismo”, sino en “Terrorismo de Estado” violando los tratados y estatutos internacionales ratificados por Colombia sobre Derechos Humanos y pudiendo ser llevados a la Corte Penal Internacional por Crímenes de lesa humanidad[23].

 

FUENTES CONSULTADAS

 CITYTV.COM. AUC distribuyen panfletos en los que indican acciones de ‘Limpieza social’. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.citytv.com.co/videos/2998/auc-distribuyen-panfletos-en-los-que-indican-acciones-de-limpieza-social&gt;.

COLOMBIA. CNRR. Informe No. 1. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.cnrr.org.co/new09/anexo/pdf/informe_1_DDR_Cnrr.pdf&gt;

COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política de Seguridad Democrática. [Documento PDF en línea]. (2003). [Consultado el martes 28 de Abril de 2009]. Disponible en <www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf>

COLOMBIA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Aspectos Positivos. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.derechoshumanos.gov.co/comunicados/2009/documentos/090306b-aspectospositivos.pdf&gt;

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Entrevista del General Naranjo para Semana.com. “Las amenazas de los panfletos son realizadas por diferentes autores”. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.semana.com/multimedia-seguridad/amenazas-panfletos-realizadas-diferentes-autores/1737.aspx&gt;

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

ROTBERG, Robert, CLAPHAM, Chistopher, HERBST, Jeffrey y Estudio preliminar de MONCADA ROA, Patricia. Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007.

SOUSA SANTOS, Boaventura de y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2001. Tomo 2.

TILLY, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. En : P. Evans; RUESCHEMEYER, Dietrich y SKOCPOL, Theda (eds.). Bringing the State Back In. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.


[1] Para hablar acerca de la pregunta (Ante el problema de la impunidad y la incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público, ¿es una buena alternativa la solución  que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social?), utilizaré los términos “cuestión”, “pregunta”, “problema” y “título”.

[2] La negrita es mía.

[3] Para referirme a los grupos de “autodefensas” que han repartido panfletos que amenazan con “llevar a cabo una limpieza social” prefiero utilizar un término muy usado por la Fuerza Pública: Las Bacrim (bandas criminales emergentes) para evitar referirme a uno solo porque pueden ser varios grupos los que desempeñan esta actividad tal y como dijo el General Oscar Naranjo en una entrevista para la revista Semana del 03/18/2009: “Las amenazas de los panfletos son realizadas por diferentes autores”. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.semana.com/multimedia-seguridad/amenazas-panfletos-realizadas-diferentes-autores/1737.aspx&gt;

[4] Me estoy refiriendo al debate de la clase entre el Grupo 5 y el Grupo 6 alrededor de la pregunta (Ante el problema de la impunidad y la incompetencia del gobierno para solucionar problemas de orden público, ¿es una buena alternativa la solución  que presentan los grupos de autodefensa que pretenden llevar a cabo una  limpieza social?).

[5] ROTBERG, Robert, CLAPHAM, Chistopher, HERBST, Jeffrey y Estudio preliminar de MONCADA ROA, Patricia. Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 54.

[6] Tratado de la Convención de Montevideo de 1933. Artículo 1.

[7] La negrita es mía.

[8] ROTBERG, Robert, CLAPHAM, Chistopher, HERBST, Jeffrey y Estudio preliminar de MONCADA ROA, Patricia. Los Estados fallidos o fracasados: un debate inconcluso y sospechoso. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 15.

[9] ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

[10] La negrita es mía.

[11] TILLY, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. En : P. Evans; RUESCHEMEYER, Dietrich y SKOCPOL, Theda (eds.). Bringing the State Back In. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

[12] Incluyo al Estado en esta enumeración porque el Estado —en palabras de Tilly— al combatir con los grupos al margen de la ley, está tratando de ejercer un ejercicio de dominación que le dé el “monopolio de la fuerza” (o de la violencia) para que sea así, legítimo y soberano.

[13] COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Política de Seguridad Democrática. [Documento PDF en línea]. (2003). [Consultado el martes 28 de Abril de 2009]. Disponible en <www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf>

[14] COLOMBIA. CNRR. Informe No. 1. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.cnrr.org.co/new09/anexo/pdf/informe_1_DDR_Cnrr.pdf&gt;

[15] COLOMBIA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Aspectos Positivos. [Documento PDF en línea]. [consultado 29 abril de 2009]. Disponible en <http://www.derechoshumanos.gov.co/comunicados/2009/documentos/090306b-aspectospositivos.pdf&gt;

[16] Decreto 1290 de abril de 2008.

[17] La negrita es mía.

[18] Si lo analizáramos con la moral cristiana, es claramente reprobable en tanto que viola el quinto mandamiento.

[19] Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

[20] Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[21] SOUSA SANTOS, Boaventura de y GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2001. Tomo 2.

[22] Tomado de CITYTV.COM. AUC distribuyen panfletos en los que indican acciones de ‘Limpieza social’. [Consultado el miércoles 6 de mayo de 2009]. Disponible en <http://www.citytv.com.co/videos/2998/auc-distribuyen-panfletos-en-los-que-indican-acciones-de-limpieza-social&gt;.

[23] Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad.1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c)Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

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